El régimen de Ortega en Nicaragua y la persecución a la libertad religiosa
En 2014 la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un documento propositivo tratando de resolver los problemas nacionales, pero ni siquiera el gobierno se dignó a responder
La situación en Nicaragua es insostenible. Así lo lleva denunciando la Iglesia desde hace más de un lustro, desde el recrudecimiento de la represión hacia la ciudadanía y la mengua de las libertades y derechos más elementales, además de su abierta hostilidad hacia la institución católica.
Para comprender esta situación hay que remontarse a abril de 2018 cuando el gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle a protestar contra ella. Las fuerzas progubernamentales respondieron con violencia en las calles y Nicaragua entró una grave crisis política y económica; que desencadenó nuevas protestas para solicitar reformas democráticas. En la represión de las manifestaciones al menos 355 personas fallecieron, hay miles de heridos y se estima que más de 100.000 personas han tenido que huir del país.
El gobierno de Daniel Ortega está gestionando esta crisis con puño de hierro a través de sus fuerzas coercitivas y nada apunta a poder lograr un cambio en el antiguo lider sandinista. Hace unas semanas conocíamos cómo el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, había emprendido una huelga de hambre contra la persecución policial. Entre otros actos que denuncia el obispo está la actuación policial en la parroquia del Santo Cristo de las Colinas de Managua, donde el obispo se encontraba celebrando Misa el pasado 20 de mayo.
La prensa opositora también está en el punto de mira. Marling Balmaceda, editora de Artículo 66, uno de los medios más críticos con el Gobierno del clan Ortega, ha tenido que exiliarse tras ver la represión a periodistas.