La oposición nicaragüense pide al Papa que denuncie la persecución anticatólica

Varias organizaciones civiles opositoras al régimen de Ortega en Nicaragua han pedido al Papa Francisco que denuncie la «grave persecución» que sufren los sacerdotes en el país por parte del Gobierno y la Policía sandinista.

En el documento, las organizaciones han hecho «un llamado urgente sobre la situación que se vive en nuestro país por los desmanes de la dictadura y la escalada represiva que se ha dirigido en las últimas semanas contra la Iglesia católica y hacia los periodistas y medios de comunicación independientes».

«Rogamos por los buenos oficios y la voz de denuncia y condena de su santidad el papa Francisco como pastor de su Iglesia, ante la grave persecución que hoy vive Nicaragua», han abogado 17 organismos nicaragüenses en una declaración pública.

Desde abril de 2018, tras el estallido de una revuelta popular contra las reformas a la seguridad social, que fueron neutralizadas por la Policía Nacional sandinista, «se ha implantado un régimen de violencia y de terror, que pretende ahogar las protestas ciudadanas y callar las voces contra la dictadura de los Ortega y Murillo».

«Frente a un Estado criminal, frente a una dictadura que ha demostrado ser capaz de cualquier atrocidad contra la ciudadanía para mantenerse en el poder, esta vez la Iglesia Católica en la voz de denuncia de sus sacerdotes y religiosos busca ser exterminada por ser confiable y creíble para el pueblo», han señalado.

En las últimas semanas, «el régimen ilegítimo ordenó, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el cierre arbitrario de ocho radioemisoras católicas y un canal de televisión», administradas por la Diócesis de Matagalpa. Antes, habían ordenado retirar de las frecuencias televisivas tres canales católicos.

«No bastando el cierre de estos medios, secuestra la voz firme de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y Estelí, junto a cinco sacerdotes, dos seminaristas, un corista y dos camarógrafos, a quienes mantiene bajo el régimen de facto de casa por cárcel negándoles el acceso a alimentación y medicamentos» desde el pasado 4 de agosto.

Las organizaciones han expresado su solidaridad con la Iglesia católica nicaragüense, con el obispo Álvarez y con los sacerdotes que lo acompañan en su arresto domiciliario.

En la declaración han llamado «a las democracias del mundo y, en especial a las centroamericanas, a trabajar de la mano con la oposición política democrática nicaragüense y la sociedad civil, con el fin de encontrar rutas pacíficas que restituyan la democracia en Nicaragua».

Las asociaciones firmantes son, entre otras: la Unidad Nacional, Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, Iniciativa por el Cambio, Fuerza Democrática de Nicaragua, Unión Nicaragüense Autoconvocada y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue contraparte en una mesa de negociación con el Gobierno de ortega en la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.