Diario de una Iglesia perseguida: al menos 19 religiosos nicaragüenses ya no tienen nacionalidad

rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (Nicaragua) lleva siete meses en prisión. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, en el exilio desde 2019. Ambos prelados han sido acusados de «traidores a la patria» y despojados de su nacionalidad, al igual que otros 14 sacerdotes nicaragüenses.

Desde abril de 2018 y hasta ahora, la Iglesia católica en el país ha sufrido un total de 667 ataques por parte del régimen de Daniel Ortega. Estos datos han sido recogidos por la activista por los derechos humanos y abogada Martha Patricia Molina en su estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, donde detalla que entre los 19 apátridas, además de los dos obispos, hay 14 sacerdotes, un diácono y dos seminaristas.

A fecha del pasado 31 de agosto, había en Nicaragua un obispo y 8 sacerdotes encarcelados y otros tres religiosos se encuentran bajo investigación, entre ellos Leopoldo Brenes, cardenal y arzobispo de Managua. No obstante, hasta la fecha (5 de octubre) se ha conocido la detención de otros tres sacerdotes: Iván Centeno, Julio Norori y Cristóbal Gadea.

En el investigación, Molina denuncia que 151 religiosos se han visto perjudicados por la persecución pública emprendida por el dúo Ortega Murillo a través del exilio forzado, destierros, prohibición de regresar a su país o expulsiones de Nicaragua. Entre ellos, también cuenta el caso del nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw Sommertag, expulsado el pasado mes de marzo por las fuerzas sandinistas y el obispo Báez, que abandonó el país en 2019 a petición del Papa Francisco por razones de seguridad.

Cáritas, las Misioneras de la Caridad o los Jesuitas han sido despojados de su personalidad jurídica en Nicaragua y han sido obligados a cerrar las puertas de sus centros y casas congregacionales. En concreto las seguidoras de la madre Teresa fueron obligadas a salir del país, y encontraron cobijo en Costa Rica, acusadas de incumplir obligaciones legales contra el blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La investigadora sostiene que en total 83 monjas o hermanas religiosas de distintas congregaciones y 58 sacerdotes, han sido los principales afectados. Principalmente, habrían sido expulsados a la fuerza de Nicaragua u obligados a exiliarse. En el mismo estudio, se detalla que 13 propiedades de la Iglesia han sido confiscadas por el Estado, pese a que la Constitución Política, en artículo 44, prohíbe la incautación de bienes.

De forma arbitraria, han sido cerrados cuatro universidades, dos institutos, quince medios de comunicación, siete congregaciones religiosas y once proyectos y obras sociales de la Iglesia nicaragüense.

2023 ha sido un año negro para los cristianos del país centroamericano. Desde las manifestaciones multitudinarias que desató la persecución en 2018, este año ha sido el que más agresiones se han registrado: 295, tan solo hasta agosto. Mientras, en 2022 hubo 171 hostilidades contra la Iglesia, 55 en 2021, 62 en 2020, 84 en 2019 y 90 en 2018.

La Iglesia católica y la Iglesia cristiana evangélica está siendo cruelmente perseguida por la dictadura sandinistaMartha Patricia MolinaActivista por los derechos humanos y abogada

Otras agresiones constatadas por la abogada y activista han sido asedios, represión a religiosos y laicos, impedimentos de ingresar a templos, cierre de ONG y medios de comunicación católicos, prohibiciones de las actividades religiosas, pintadas y mensajes de odio, robos y profanaciones, entre otros.

Aunque menor que la católica, las iglesias evangélicas también han sufrido ataques, concretamente 70, entre las que se cuentan el cierre de oenegés y decomiso de sus bienes, represión contra pastores y cierre arbitrario de medios de comunicación, universidades y proyectos sociales. «La Iglesia católica y la Iglesia cristiana evangélica está siendo cruelmente perseguida por la dictadura sandinista», sostiene Molina, quien también admite que es posible que el número total de agresiones sea mayor, pero debido a la escalada y el recrudecimiento de los ataques haya aumentado también el temor de los laicos de denunciar y documentar su situación.