El Papa endurece las medidas para erradicar y prevenir abusos en la Iglesia

Más transparencia, más rigor, más responsabilidad, y más cercanía con todas las víctimas… Estas son las cinco medidas añadidas que Francisco ha tomado para juzgar todo tipo de abuso en la Iglesia.

El Papa Francisco ha dado un paso más en uno de los desafíos más graves de su pontificado: la prevención y la lucha contra los abusos sexuales y de poder en la Iglesia católica.

La Santa Sede acaba de publicar la versión definitiva de los procedimientos que tendrán que aplicarse, a partir del 30 de abril, en todas las diócesis para combatir esta lacra, que tantas víctimas ha ocasionado.

Las nuevas normas constituyen la confirmación de los procedimientos que el Papa había emitido el 7 de mayo de 2019 por un período de prueba de tres años.

Las había emitido tres meses después de la clausura de la cumbre sobre la protección de los menores en la Iglesia, con la que Francisco había convocado a los presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el flagelo de los abusos sexuales por parte de miembros del clero.

Ahora, terminado ese período de experimentación, tras haber consultado a los episcopados del mundo y a la Curia Romana, el pontífice ha promulgado definitivamente los procedimientos, añadiendo algunas normas aún más detalladas para reforzar la lucha contra todo abuso en la Iglesia.

Estas son las cinco novedades o especificaciones introducidas por el Papa Francisco.

1. Las víctimas no son sólo menores de edad

Las nuevas normas delimitan aún más el perfil de las «víctimas», cuyo abuso debe desencadenar la inmediata denuncia tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas.

Deben ser denunciados no sólo los abusos cometidos contra menores de edad, sino también contra toda persona que tenga «habitualmente un uso imperfecto de la razón» o cualquier «adulto vulnerable».

Se especifica mejor la categoría de «persona vulnerable», utilizada en el texto anterior, que había sido criticada por asociaciones de víctimas de abusos.

El arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio vaticano para los textos legislativos, ha aclarado que con esta ley queda evidente que los adultos pueden considerarse «vulnerables», dependiendo de la situación en que hayan sido víctimas de abusos: por ejemplo, cuando el superior de un seminarista o una religiosa comete un abuso sirviéndose de su autoridad.

«Creo que esta nueva norma, deseada por el Papa, demuestra la especial atención que la Iglesia reserva a las personas más débiles e indefensas, cuya libertad y dignidad deben ser respetadas y protegidas por todos, castigando ejemplarmente su violación», ha aclarado monseñor Iannone en una entrevista concedida a «L’Osservatore Romano».

2. Oficinas «accesibles» para presentar denuncia

Las nuevas disposiciones emitidas por el Papa imponen «individual o conjuntamente» la obligación a las diócesis de establecer «oficinas de fácil acceso al público para la recepción de denuncias» de abusos en la Iglesia.

El sacerdote Andrew Small, secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, en declaraciones a un grupo de corresponsales en el Vaticano, ha explicado que en las normas emitidas hace más de tres años esta obligación estaba presente, «pero no quedaba suficientemente clara», y «ciertamente no se ha aplicado universalmente».

El presbítero estadounidense, que a petición del Papa está realizando una investigación internacional sobre la aplicación de estas medidas, señala que no es suficiente abrir una simple dirección de correo electrónico para enviar denuncias a una diócesis.

Para que el sistema sea eficaz, ahora será necesario establecer una oficina o entidad estable, que sea «públicamente conocida» y «accesible», con una «ubicación física», de la que, según el padre Small, carecen «dos tercios» de las 140 conferencias episcopales del mundo.

3. No sólo obispos y clérigos, también laicos

Al establecerse el perfil de culpables de abusos en la Iglesia que deben ser procesados por la Santa Sede, la normativa precedente indicaba a obispos, sacerdotes y religiosos, ahora se establece también el deber de denunciar al Vaticano a los laicos que tienen cargos de responsabilidad en los movimientos y comunidades reconocidos por la Santa Sede.

Esto significa que, a partir de ahora, estas normas se aplicarán a las asociaciones reconocidas por el Dicasterio vaticano para los Laicos, la Familia y la Vida.

El arzobispo Iannone ha aclarado que esto significa no sólo que los responsables de estas comunidades podrán ser juzgados y condenados por la Sede Apostólica, en caso de que, «con sus acciones u omisiones, interfieran o eludan las investigaciones canónicas y civiles de los culpables de los delitos antes mencionados (los llamados encubridores)».

4. Más transparencia

Las nuevas reglas están pensadas para promover una mayor transparencia y favorecer la confianza a la hora de presentar denuncias ante la autoridad eclesiástica.

«No se puede imponer ninguna restricción de silencio a la persona que hace la denuncia, a la persona que afirma haber sido perjudicada y a los testigos», indica la nueva normativa emitida por el Papa.

Ante casos de abusos, la nueva normativa establece explícitamente que presentar una denuncia «no constituye una violación del secreto de oficio» propio de algunos cargos eclesiales, como puede ser, por ejemplo, el «secreto pontificio» al que están obligados los colaboradores del Papa.

El único secreto que se mantiene es el vinculado al sacramento de la Confesión. Ahora bien, es necesario saber que el sacerdote no puede dar la absolución a quien ha cometido un abuso y no se arrepiente, lo que implica, la propia denuncia ante la autoridad civil y eclesiástica.

El arzobispo Filippo Iannone explica, que cuando un obispo reciba una denuncia de abusos, tendrá la obligación de abrir inmediatamente la debida investigación. Si la persona denunciada corresponde al perfil establecido en este documento que acaba de emitir el Papa (obispos, sacerdotes, religiosos o laicos con cargos de particular responsabilidad), el obispo o superior informará inmediatamente al Dicasterio competente de la Santa Sede, del que recibirá las debidas instrucciones sobre la apertura y desarrollo del proceso. Para los demás casos, el obispo tendrá que abrir un proceso según establece ordinariamente el Derecho Canónico.

5. Presunción de inocencia

El texto aclara también una de las normas precedentes más criticadas por sacerdotes de todo el mundo, por considerar que se les privaba del principio de la presunción de inocencia.

«En cualquier caso, deberá salvaguardarse la legítima protección de la buena reputación y la intimidad de todas las personas afectadas, así como la confidencialidad de los datos personales», establece la normativa pontificia.

En los últimos años, se han dado casos de obispos o sacerdotes acusados de abusos, que han visto su reputación manchada y en ocasiones han sido apartados del ministerio sacerdotal, y después se ha comprobado que fueron víctimas de acusaciones falsas. En muchos de estos casos, el daño de reputación ha sido irreparable.

«Siempre se reconocerán la presunción de inocencia y la legítima protección del buen nombre de la persona investigada», indica el texto.

En este sentido, el secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores considera que es importante garantizar una comunicación adecuada, como «parte del proceso judicial», para asegurarse del respeto de todos los implicados en un proceso.