Llega el final del juicio del siglo en el Vaticano contra el cardenal Becciu y otros nueve acusados por fraude

El Vaticano ha sido escenario del primer juicio penal por fraude que involucra a un cardenal, un hecho histórico y sin precedentes. Este prolongado juicio, que constó de 85 audiencias y se extendió por más de dos años y medio, llegará a su conclusión el sábado 16 de diciembre, cuando se dé a conocer el veredicto contra el cardenal Angelo Becciu, ex número dos de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, y otras nueve personas acusadas de graves irregularidades financieras vinculadas a la adquisición de un edificio en Londres.

Es un juicio sin precedentes por la implicación del cardenal Becciu, de 75 años, quien fuera un estrecho asesor del Papa Francisco antes de ser destituido en septiembre de 2020. Desde el verano de 2021, el juez Giuseppe Pignatone preside el tribunal encargado de determinar si acoge la petición de absolución presentada por la defensa o se inclina por la del fiscal vaticano, Alessandro Diddi, quien solicita una condena de 7 años y 3 meses de reclusión para el cardenal.

La fiscalía ha pedido sanciones económicas para los diez acusados en este juicio por una serie de delitos que incluyen fraude, malversación de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión. Además, se solicita que el cardenal Becciu sea permanentemente inhabilitado para ocupar cargos públicos en el Vaticano, incluso en la posibilidad de ser elegido Papa en un futuro cónclave.

Becciu previamente renunció a algunos derechos asociados con el cardenalato (aunque no al título), lo que podría restringir su participación en futuros cónclaves. El Papa está a la espera de la sentencia final para decidir sobre la validez de esta renuncia. En caso de absolución, podría recuperar sus derechos, pero si es condenado, esta renuncia podría ser permanente, en consonancia con la integridad y la institucionalidad cardenalicia, dentro del contexto de la reforma por la transparencia impulsada por el Santo Padre. Antes del inicio del juicio, el obispo de Roma promulgó un «motu proprio» que permitía juzgar a cardenales y obispos en tribunales ordinarios, siendo Becciu el primero en enfrentar este proceso.

En este sentido, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha pedido en una carta publicada esta semana que se persigan y sancionen todos los delitos en el juicio contra el cardenal Becciu. El promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha respondido a los argumentos de la defensa, refutando las afirmaciones sobre el debilitamiento del caso acusatorio y calificando de «herejía a nivel jurídico» la sugerencia de que no se respetaron los principios del debido proceso.

El cardenal Angelo Becciu, acusado de malversación de fondos y abuso de poder en relación con la adquisición del edificio en Londres por la Secretaría de Estado del Vaticano, ha proclamado su inocencia tanto fuera como dentro del tribunal vaticano. Ha denunciado una persecución mediática y ha afirmado que siempre actuó en beneficio de la Iglesia. Además, ha sostenido constantemente que el Papa cree en su inocencia.

El foco central del juicio se centra en la costosa compra de un edificio en Londres, en Sloane Avenue, como parte de las actividades de inversión del Vaticano, revelando una serie de irregularidades. Esta adquisición destacó el uso poco cuidadoso del Óbolo de San Pedro, la recaudación anual de donaciones caritativas del Papa. La investigación reveló una red compleja de fondos especulativos, bancos, entidades de crédito, individuos y entidades legales.

Los acusados enfrentan penas solicitadas que varían entre 3 y 13 años de prisión, junto con multas de miles de euros. Entre ellos se encuentran altos funcionarios vaticanos como René Brülhart, Tommaso Di Ruzza, y Fabrizio Tirabassi, además del exsecretario de Becciu, el sacerdote Mauro Carlino. También están implicados corredores financieros y mediadores como Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi y Nicola Squillace. Todos enfrentan cargos que incluyen extorsión, blanqueo de capitales, peculado y estafa agravada.

El Vaticano invirtió $200 millones (170 millones de euros) en un fondo manejado por Mincione, que poseía el 55 % de un edificio en Chelsea, Londres. Tras conflictos financieros, el Papa nombró al cardenal George Pell para reformar las finanzas vaticanas. Sin embargo, Pell se enfrentó a la oposición de la secretaría y la auditoría propuesta fue cancelada. La secretaría posteriormente intercambió su participación en el fondo de Mincione y 46 millones de euros por la propiedad total del edificio en Chelsea, que tenía una hipoteca de £128 millones (149 millones de euros). Esto provocó una investigación que resultó en acusaciones contra Becciu y otros por fraude, malversación y lavado de dinero. Finalmente, el Vaticano vendió por $225 millones (206 millones de euros) el edificio en el lujoso barrio de Chelsea, Londres, que había sido adquirido a un precio inflado $400 millones (más de 366 millones de euros) y vinculado a una hipoteca oculta.

El cardenal Becciu enfrenta acusaciones de negligencia en las inversiones en Londres, negando haber obtenido beneficios personales en el caso. Además, se le señala por transferir alrededor de 157.000€ del Vaticano a su diócesis de origen en Cerdeña (sur de Italia) y se alega que parte de esos fondos beneficiaron a su familia, una afirmación que él refuta, asegurando que se destinó a organizaciones benéficas, es decir la Cáritas de Ozieri. También está implicado por su relación con Cecilia Marogna, llamada por la prensa la dama del cardenal, quien recibió 575.000€ de la Secretaría de Estado para liberar a una monja colombiana secuestrada en Malí. Los fiscales acusan a Marogna de malversación, argumentando que gastó el dinero en lujos (bolsos y vestidos de Prada y Louis Vuitton) y viajes de placer.

El cardenal Becciu ha mantenido su inocencia desde el inicio, rechazando la acusación de manejar los fondos de la Secretaría de Estado, argumentando que estaban bajo otra oficina administrativa. Fabio Viglione, uno de sus abogados, argumenta que las contradicciones en el testimonio de Alberto Perlasca (principal testigo) socavan su credibilidad, ya que parece haber sido influenciado por Francesca Immacolata Chaouqui, una figura previamente condenada por filtrar documentos del Vaticano. Sin embargo, según el promotor de justicia, el testimonio de Perlasca no es fundamental para la investigación y no ha proporcionado información clave sobre el dinero transferido a Marogna. Los abogados del cardenal Becciu afirman su total inocencia, mientras la oficina del Promotor de Justicia insiste en pedir su condena y prohibición permanente de ocupar cargos públicos.

En el transcurso del juicio, surgió un incidente significativo: se planteó la presunta grabación sin conocimiento del Papa tras su cirugía en julio de 2021. De acuerdo con el fiscal Alessandro Diddi, se buscaban declaraciones del Pontífice días previos al juicio. Durante una sesión, se reprodujo una llamada del cardenal a Francisco, intentando obtener una confirmación sobre la autorización del dinero para liberar a la monja secuestrada en Malí. Sin embargo, el Papa, recién salido de la anestesia, declaró no recordar los detalles y pidió al cardenal que presentara por escrito lo que quería confirmar.

En la décima audiencia, Becciu reafirmó su inocencia, argumentando haber actuado siempre en favor de la Sede Apostólica y la Iglesia. La defensa alega inconsistencias en testimonios clave y denuncia una campaña de desprestigio. Mientras tanto, la fiscalía insiste en la culpabilidad del cardenal y busca una condena permanente. A pesar de esto, el Papa Francisco ha expresado que espera la inocencia de Becciu, mientras el juicio se aproxima a su desenlace.