La controvertida ley del «solo sí es sí»: ¿qué es y qué supondrá?

La Ley Integral de Libertad Sexual, más conocida como «ley del solo sí es sí», ya está más cerca de su aprobación. Tras una bronca sesión celebrada el pasado jueves en el Congreso, en la que ni PP ni Vox lograron defender con éxito sus enmiendas a la totalidad del texto, el documento en el que los ministerios de Justicia e Igualdad han trabajado en los últimos meses deberá ahora atravesar una última fase de debate en comisión parlamentaria, a lo que seguirá su devolución al Congreso y, finalmente, el envío final al Senado. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta ley y qué supondrá en caso de aprobarse de manera definitiva?

El texto actual busca una modificación del Código Penal, con la intención de suprimir la diferenciación entre abuso y agresión sexual y cambiar así «las reglas de juego», en palabras de la ministra Irene Montero. Su razón de ser estriba en la definición del consentimiento sexual, un propósito que la titular de Igualdad justifica en el hecho de que en España se denuncie «una violación cada cinco horas».

Algunas de las medidas que incorporará el texto serán el reconocimiento del derecho de las víctimas de violencia sexual (incluyendo la prostitución), así como a la reparación del daño, la atención sanitaria, psicológica y jurídica y la creación de «centros de crisis 24 horas» y «casas de infancia» con las que intentar evitar la revictimización.

En palabras de la ministra, el texto también busca incidir en la formación de «toda la cadena de operadores jurídicos», incluyendo las «unidades de evaluación forense», y acabar con el «proxenetismo coercitivo» y la «tercería locativa –lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona– para perseguir a quienes usan locales y pisos para lucrarse de la explotación sexual de las mujeres».

Además de por PP y Vox, que el jueves cuestionaron la aplicación práctica que acabará teniendo la ley, el texto ha sido criticado con dureza por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Una de las principales objeciones no solo de ambos partidos, sino de la mayoría de los grupos de la Cámara, gira en torno a la inclusión de la prostitución en el texto. A juicio de partidos como Bildu o Junts per Catalunya, este asunto necesita un «debate social más amplio». «La prostitución no viene a cuento en esta ley», valoró Isabel Pozueta, de Bildu, en referencia a la figura de la trabajadora del sexo y el tratamiento que, de aprobarse la ley, podría recibir.