Jesús Muñoz de Priego: «El PSOE ya no tiene legitimidad para pedir consenso educativo»

Abogado, asesor jurídico, escritor… Jesús Muñoz de Priego es, sobre todo, un tenaz defensor de la libertad de enseñanza. Conoce como pocos los entresijos del sistema educativo tras una vida colaborando con distintos centros y sabe lo que supone una reforma como la Ley Celaá, contra la que lleva un año luchando a través de la plataforma Más Plurales, de la que es portavoz.

–¿Hay un problema en España con la educación concertada?

–Yo diría que más bien hay un problema de algunos grupos políticos determinados y sus entornos con las libertades individuales. Y no solo en Educación. Son partidos políticos que pretenden el intervencionismo público hasta posiciones extremas de monopolio de la Administración. Hay un axioma que no falla: a más intervención, menos libertad. Esto es siempre así.

–¿Y cómo afecta esta falta de libertad a la educación?

–En el ámbito educativo todo esto se concreta en el cuestionamiento de la libertad de enseñanza constitucional, de la libertad de elección que supone y del instrumento que posibilita esa elección, que son fundamentalmente los centros de iniciativa social o concertados.

Por eso desde esa postura se pretende una escuela pública única, como modelo excluyente. Es decir, sólo la escuela pública, sin alternativas, sin otros modelos.

–¿Entonces por qué se produce este ataque?

–Se confunde interesadamente que el Estado garantice la educación, con que eso conlleve que necesariamente tenga que prestarla directamente él o las Administraciones públicas. O que con el dinero público solo se pueda sufragar la escuela pública, cuando más bien es que con el dinero de los ciudadanos, que el Estado solo administra, se debe financiar la educación de estos, pero la que ellos elijan.

La concertada no solo no tiene un problema, sino que tiene predicamento

En España –y España no son los partidos políticos–, la concertada no solo no es un problema, sino que tiene evidente predicamento. Por eso precisamente estos grupos la atacan.

–¿Cómo afectará a los colegios concertados y privados la aplicación de la LOMLOE?

–A los privados no les afectará porque la LOMLOE no cuestiona la libertad de empresa, sino la libertad de enseñanza. No es lo mismo.

La libertad de enseñanza supone la posibilidad de ofrecer un modelo educativo distinto y que los padres puedan elegirlo. El instrumento que lo permite son principalmente los centros privados concertados o sostenidos con fondos públicos. La privada también permite la elección, pero solo a quien dispone de recursos económicos. La concertada o de iniciativa social permite que todos los ciudadanos, sin distinción, puedan elegir. Cuando se ataca a la concertada, se provoca el mayor nivel de discriminación educativa posible ya que solo se permite elegir a quien tiene dinero y se le impide, imponiéndole un centro de titularidad pública, a quien no dispone de esos recursos.

–Entonces la concertada...

–La LOMLOE va a afectar a la concertada de múltiples formas: postergando aún más la asignatura de religión, eliminando los conciertos a los centros de educación diferenciada por sexos, cuestionando la supervivencia de los centros de educación especial específica… Ataca a todo lo singular, tiende a la uniformidad controlada por la Administración. 

Pero lo más grave es que va a permitir que, en aquellas comunidades autónomas que quieran, se pueda reducir la concertada hasta quedar incluso como testimonial o desaparecer. Debe quedar claro: no es que obligue a eso en cualquier caso, pero lo permite. Un punto clave en esto está en la eliminación del criterio de demanda social.

–¿Cómo afecta esa eliminación de la demanda social?

–Desaparece la demanda social (es decir, las peticiones de las familias) como criterio a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de programar dónde van a estar las vacantes o plazas escolares. En la anterior LOMCE la demanda social no era el único criterio a valorar por la Administración y ni siquiera era el más importante. La LOMLOE quita cualquier referencia a la misma, y con ello la Administración puede decidir unilateralmente dónde van a estar las vacantes sin tener en cuenta las peticiones de las familias.

Esto permitirá la reducción de unidades concertadas con demanda social para el mantenimiento de unidades públicas que puedan estar vacías o semivacías o sin demanda.

–¿Existe algún precedente?

–Este proceder no es nuevo. Ya lo han venido haciendo de forma habitual las comunidades autónomas gobernadas tradicionalmente por el PSOE y, últimamente, en las gobernadas por PSOE y Unidas Podemos. Pero había sido frenado por los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas. 

Si esto ya se hacía a pesar de existir una normativa que expresamente les decía que tenían que programar teniendo en cuenta esas peticiones de las familias, ¿qué cabe esperar ahora que esa referencia ha desaparecido? La LOMLOE pretende también sortear esa jurisprudencia que frenaba sus ansias intervencionistas.

El incremento de unidades públicas provocará la eliminación de la concertada

Lo peor es que el mismo artículo 109 de la LOMLOE hace referencia a un incremento de unidades públicas en todos los niveles educativos a discreción, por parte de la Administración. Es decir, sin vincularlo a que existan necesidades de escolarización en la zona (que falten plazas escolares) o a demanda social (que las familias lo pidan). De este modo, ese incremento de nuevas unidades públicas va a provocar, más que previsiblemente, la eliminación de más unidades concertadas con demanda.

–Usted ha criticado la técnica legislativa de la LOMLOE, ¿puede explicar en qué se basa?

–Francamente, la LOMLOE es una chapuza. Es lo que pasa cuando se hacen las cosas de prisa y corriendo y en plena pandemia, con la única y real urgencia de evitar el debate social y hasta casi el parlamentario. Y eso también se ha reflejado en la técnica legislativa usada en la norma.

La LOMLOE no es una nueva ley educativa con un nuevo articulado, sino que modifica el tenor literal de muchos artículos de la ley que estaba vigente. Esta ya había sido la técnica utilizada por la LOMCE, que también dejó sorprendentemente en vigor la LOE, modificando la redacción de su articulado. 

–¿Cómo?

–La LOMLOE procede a modificar el tenor literal de artículos de la LOE, con la redacción ya dada por la LOMCE, pero introduce una importante novedad: incorpora una Disposición Derogatoria explícita de la LOMCE. ¿Qué efectos tiene esa Disposición Derogatoria con aquellos artículos de la LOE que fueron modificados por la LOMCE y que ahora no han sido tocados por la LOMLOE? ¿Puede entenderse que están derogados? Porque son muchos.

Lo cierto es que la técnica legislativa utilizada es demencial y ofrece ambigüedad e inseguridad jurídica. Y lo peor es que esa opción de incluir esa Disposición Derogatoria expresa en la LOMLOE sobre la LOMCE, no es una elección de interés jurídico, sino de tipo ideológico, con la única finalidad de hacer muy explícito que habían acabado con la LOMCE.

–¿Era esta ley necesaria –tanto por el momento como por la necesidad–, no hubiera sido suficiente una modificación de la LOMCE?

–Era, y sigue siendo, necesaria una nueva ley educativa (aunque ciertamente no tanto como para hacerla en plena pandemia mundial), porque la LOMCE ofrecía el mismo defecto fundamental que la LOMLOE: haberse hecho sin consenso. Necesitamos un Pacto de Estado por la educación con una ley consensuada que dé estabilidad.

La LOMLOE ha rechazado cualquier posibilidad de diálogo

Lamentablemente estamos más lejos que nunca, porque la LOMLOE no solo no ha buscado el consenso, sino que ha rechazado cualquier atisbo de posibilidad de diálogo y con ello ha minado cualquier acuerdo próximo. Tras su actuación, el partido socialista está deslegitimado para pedir consenso educativo cuando pierda el gobierno, sea esto cuando sea.

–¿Puede esta ley ser impugnada jurídicamente?

–Actualmente, la ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional por sendos recursos del PP y VOX, que eran los únicos grupos políticos con representación parlamentaria suficiente para hacerlo. Nos consta que Ciudadanos también lo habría hecho de haber podido.

–¿Qué margen de maniobra tienen las comunidades para no aplicar la LOMLOE en su totalidad?

–La LOMLOE es normativa básica, y por tanto, de obligado cumplimiento. No obstante, en cuanto a la admisión de alumnos, a la programación de plazas o a la concertación, el margen de maniobra autonómico es amplio. El riesgo está en que la ley posibilita –si es voluntad del Gobierno autonómico– el ataque a la libertad de enseñanza, el incremento arbitrario de la escuela pública tendente al monopolio y la reducción de la concertada. 

Hay que tener en cuenta la inconsistencia de la mayor parte de los Gobiernos autonómicos, sostenidos en inestables equilibrios con pactos y minorías. En el momento en que los partidos de la coalición estatal alcancen esos gobiernos, se producirán disminuciones de concierto, como lo han hecho allí donde están gobernando. Esas reducciones serán difícilmente recuperables en el futuro, incluso con alternancia de gobiernos.

–¿Entonces está escrito en piedra?

–Por eso es fundamental crear opinión pública y corriente social fundamentada, para que la ciudadanía no permita el ataque a la libertad de enseñanza. La defensa de la libertad de enseñanza les corresponde a los ciudadanos, a cualquier ciudadano. Al que elige la escuela pública seguramente quiere que la misma prospere y crezca, pero porque las familias la elijan y no porque se les imponga.

La escuela pública única responde mal a un escenario democrático

La escuela pública única responde mal a un escenario democrático, porque en democracia el respeto a la pluralidad no es opcional, tampoco en la estructura escolar que debe ser fuente y reflejo de esa diversidad social, política, religiosa, ética…

–La LOMLOE acabó por ‘quemar’ a Celaá, ¿cómo se entiende su nombramiento como embajadora en el Vaticano?

–Es precisamente consecuencia directa de ese proceder de Celaá. La LOMLOE no es la ley de Celaá –aunque se la llame por su nombre–, sino la ley de este nuevo socialismo extremo y radicalizado de Pedro Sánchez. Por eso es probable, y me gustaría equivocarme, que dé igual que se cambien los titulares de los Ministerios. 

A estas alturas no cabe esperar de Celaá ni diálogo ni diplomacia

Sánchez ha querido premiar ese seguidismo político acrítico de Celaá con un puesto reconocido y apetecible. Que la Embajada sea precisamente en el Vaticano no sé si es torpeza o provocación. Eso sí, a estas alturas ya no cabe esperar de Celaá diálogo ni diplomacia. Los hechos, que son los que definen a las personas, prueban que no es una persona de diálogo.