Un tercio de las agresiones sexuales se producen bajo sumisión química

Una de cada tres agresiones en los últimos cinco años se habría producido «con la víctima bajo estado de sumisión química», según ha adelantado el Ministerio de Justicia que, explica, solo son «la punta del iceberg».

La titular de Justicia, Pilar Llop, ha presentado los resultados del trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) sobre violencia sexual y sumisión química. Según ha afirmado en rueda de prensa «hay indicios para creer» que muchos casos de violencia sexual, con las víctimas en estado inconsciente o semiinconsciente por el consumo de sustancias, «se nos escapan».

Aparte de los datos de los últimos cinco años, el Instituto «constató» 3.001 agresiones sexuales en 2021 y, tras analizar 994 de ellas ante la sospecha de que pudieran haberse cometido bajo sumisión química, «el resultado dio positivo en el 72 % de los casos».

La ministra, acompañada de dos mujeres responsables de este centro, ha explicado que existen dos tipos de sumisión química: la oportunista, donde el agresor aprovecha «la falta de voluntad o desinhibición de la víctima porque ha consumido drogas o alcohol»; y la «premeditada», en la que directamente la proporcionan algún tipo de sustancia.

Son, ha dicho, delitos «facilitados» por las drogas en los que el agresor se aprovecha de una mujer «con la voluntad mermada», en estado de inconsciencia o semiinconsciencia y que luego además sufrirá una «amnesia que dificultará el relato de hechos».

Acudir pronto a un hospital

Tanto la ministra como la directora de química del Instituto, Begoña Bravo, han querido lanzar un mensaje claro: la víctima tiene que acudir al hospital lo más pronto posible ante la «sospecha» de haber sido agredida sexualmente porque «es fundamental la toma temprana de muestras».

Convencidos, ha dicho Llop, «de que era urgente actuar en esta materia», la ministra ha destacado la inversión de 4,3 millones de euros en 2021 para la adquisición de instrumentos y equipos de alta resolución, y de otros 4 millones para este año destinados a nuevos equipos analíticos. Cifras que se unen a los 1.651 millones de euros en refuerzos de personal.

En materia legislativa, la ministra ha subrayado que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ultima Justicia regulará por primera vez «la cadena de custodia y las pruebas biológicas atendiendo a criterios científicos».

Y ha hecho un «llamamiento» a todos los actores políticos para luchar contra estos delitos e «insistir en la educación en valores de igualdad y respeto»: «Queremos que las mujeres dejen de sentir miedo e inseguridad; dejen de sentir vergüenza».

Herramientas para combatir la violencia sexual

Entre las herramientas impulsadas por Justicia, la ministra ha destacado el Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual, una «guía pionera» con las «pautas para la toma y custodia de muestras que pueden ayudar a perseguir a posibles agresores» y a que los médicos forenses actúen de la mejor manera posible ante una víctima de agresión sexual reciente.

Llop ha aludido a dos paquetes o kit: uno sobre la toma de vestigios biológicos a las víctimas que ya está a disposición de los profesionales; y otro de muestras para análisis toxicológico que estima estará disponible antes de que acabe el año.

También se ha desarrollado una guía de buenas prácticas ante los casos de sumisión química para abordar la respuesta médico-legal y pericial.