El sector de la dependencia carga contra el nuevo modelo de residencias: «Subirá mucho los precios»

«Hoy hemos logrado alcanzar un acuerdo con las CC.AA. para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia». Con estas palabras, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se congratulaba este martes de la aprobación del nuevo modelo de centros de mayores, que entre otras cosas reducirá las plazas y aumentará el número de empleados con el pretendido objetivo de ofrecer un trato personalizado a los usuarios.

El «consenso» al que apela dos veces la ministra en el mismo mensaje contrasta, sin embargo, con las valoraciones realizadas sobre el acuerdo por algunos de los principales representantes del sector, que han cargado duramente contra sus líneas maestras y han advertido de que supondrá «un incremento muy importante» de los precios.

Tanto la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps) han mostrado sus discrepancias en términos muy contundentes hacia el nuevo proyecto. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha desmontado el supuesto «consenso» del que se ufanaba Belarra al reprochar que el acuerdo «nace muerto porque nace con la oposición de las patronales, de los sindicatos y de ocho CC.AA. más Ceuta, que son más de dos tercios de la población de este país», además de mostrarse desconcertado por la «satisfacción de la ministra» al respecto.

En este sentido, Fernández-Cid ha dudado de la viabilidad del modelo y ha señalado que habría que preguntarse si España puede «permitírselo» y «sobre todo, si es sostenible». «Queremos lo que no podemos, nos fijamos en un modelo nórdico que aplican los países más ricos de Europa», ha apostillado. De la misma forma, el responsable de la FED ha criticado que estos cambios, a su juicio «de lo más radicales», van a suponer que para «más de 181.000» residentes que ocupan plazas privadas «se incremente el precio en un 50%, de media», esto es, «1.000 euros más al mes».

Algo que también influirá en la subida de los costes será la nueva prohibición de construir residencias de más de 120 plazas, puesto que, arguye Fernández-Cid, «si se tienen que imputar todos los costes entre menos residentes, los precios van a subir». Además, en su opinión, da igual que la residencia tenga más plazas si los centros se dividen en plantas independientes. «No hay ninguna masificación», ha defendido.

Una posición similar a la de la FED ha sido la esgrimida por el secretario general de la Aeste, Jesús Cubero, quien ha opinado que «el Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de diseñar el modelo de atención a las personas mayores para los próximos años» y «prueba de ello es que es un documento que nace con la oposición de sindicatos, familias, profesionales del sector y del 72% de la población española (ya que las CC.AA. que han votado en contra de este modelo representan ese porcentaje de población)».

Cubero, muy rotundo al verbalizar su descontento, ha criticado que el documento «carece del estudio diagnóstico que justifique las medidas a adoptar, carece de un estudio económico que cuantifique el impacto que van a tener las comunidades autónomas, y carece de una memoria económica que asegure la viabilidad del modelo que se quiere implementar». Además, también ha lamentado que durante el proceso no se haya consultado «con las principales organizaciones de mayores de nuestro país» para tener en cuenta su postura.

Ceaps confía en las CC.AA.

Por su parte, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps), Cinta Pascual, ha advertido de que adaptarse a los ratios que el acuerdo exige ya para 2023 va a suponer «un incremento de precio muy importante», aunque ha confiado en el «criterio» de las comunidades autónomos y en su «fuerza para conseguir el dinero necesario» con el que aplicar sus preceptos. «Celebramos que consideren que tienen el dinero, que esta financiación existe y vamos a trabajar para mejorar y poder aplicar las nuevas ratios en las residencias de mayores de España», ha precisado Pascual.

No obstante, la presidenta del Ceaps ha pedido que no se olviden de las personas que en estos momentos están «en el limbo o pagando de su bolsillo la plaza porque están esperando las ayudas o porque les han dado una prestación muy por debajo de lo que tendrían que tener». A ellos, según ha dicho, hay que ayudarles a pagar las plazas.

«Para todas estas personas que calculamos en unas 180.000 en residencias y unas 33.000 en centros de día, hay que hacer una prestación excepcional ligada al acuerdo de acreditación para poder soportar los incrementos del coste», ha subrayado.