'Cohousing', la alternativa a las residencias de ancianos que se está imponiendo en España

El coste de la vida se dispara. El alquiler de la vivienda es cada vez más alto y la inflación ha provocado un espectacular aumento de los precios. Una situación que afecta especialmente a los más mayores, cuya única vía de ingresos es una pensión, en ocasiones mínima, que no les permite acceder a una residencia. Por eso cada vez más jubilados apuestan por el cohousing como alternativa a estos centros.

Según un informe de Inforesidencias, el precio medio de una residencia privada en España en 2022 es de 1.830 euros, aunque este precio varía entre comunidades e, incluso, entre municipios. Así, en la Comunidad de Madrid, un centro de mayores en Alcobendas tiene un precio medio de 2.399 euros frente a los 1.734 euros de Alcorcón.

Además, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.254,36 euros según datos de la Seguridad Social. En esta situación, muchas personas mayores que necesitan asistencia se ven obligadas a vivir con sus familiares con los inconvenientes que esto supone. Es aquí donde el cohousing cobra fuerza.

Se trata de un modelo de cohabitación para personas mayores originario del norte de Europa en el que los convivientes mantienen espacios privados pero también comparten otros. No se trata, sin embargo, de compartir piso como harían los estudiantes, sino se trata de algo más cercano a una cooperativa.

En primer lugar, las viviendas son individuales mientras que los equipamientos, como cocina o lavandería, son espacios comunes. Al entrar, los usuarios hacen una aportación inicial y pagar unas cuotas mensuales para hacer frente a los gastos.

Regulación

La Comunidad de Madrid emitió hace unas semanas una resolución por la cual permite a las viviendas colaborativas inscribirse como centros de servicios sociales. Según la regulación madrileña, al menos la mitad de los residentes de estas viviendas tienen que haber superado la edad de jubilación y el resto no podrán superar los 50 años.

Las instalaciones tendrán que estar perfectamente adaptadas y ser accesibles para personas con movilidad reducida, además de presentar estancias comunes y desarrollar un programa anual de actividades para la promoción del envejecimiento activo y la prevención de la dependencia que será acordado por los residentes.

En cuanto a la atención a personas en situación de dependencia, cuando al menos el 25 % de los inquilinos tengan reconocido un grado II o III se deberá articular un sistema de cuidados comunes, con apoyos permanentes a cargo de profesionales vinculados a estas viviendas. Así, cada residente en esta situación deberá tener un plan individualizado de intervención que describa los servicios que recibe (teleasistencia, ayuda a domicilio, fisioterapia, etc.) y recoja la identidad de los profesionales que los prestan.