El Gobierno ha destruido 108 barreras fluviales con España en la peor sequía de los últimos 40 años

España fue en el año 2021 el país que más barreras fluviales –presas, represas y azudes– derribó en toda Europa. En un momento de profunda escasez, fueron 108 las construcciones que desaparecieron, casi la mitad de las 239 desmanteladas en todo el continente.

Parece que el Ejecutivo socialista ve como obstáculo las casi 170.000 barreras que proporcionan agua a nuestro país en una de las mayores sequías de los últimos años. El 25 de julio de 1982 se declaró en España alerta roja por falta de lluvias. Este año los embalses están por debajo del 40 % de su capacidad, casi 20 puntos menos que hace diez.

Debido a la escasez de agua, en muchas localidades españolas se han tomado medidas de ahorro para paliar los efectos. La situación a principio de verano era preocupante, pero ahora lo es más: sigue sin llover, no hay embalses y la gente continúa consumiendo agua.

La planificación del Gobierno en cuanto a la sequía va dando tumbos contrarios a lo que la sociedad necesita. En vez de buscar soluciones y aumentar la capacidad para embalsar las pocas precipitaciones que caen este año, está llevando a cabo un plan que dificulta su distribución y acceso.

Ignacio Rodríguez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, la cuenca fluvial más grande de la Península Ibérica, cuyo organismo fue el encargado de derribar la mitad de las barreras de España, expresó en declaraciones a RTVE que la eliminación se debe a que «ha coincidido que aquí hay una serie de personas que nos gustan los ríos y no los cacharros, y lo tenemos todo lleno de cacharros. Así de sencillo».

Además, el comisario explicó que «recuperar la naturalidad de los ríos es una cosa necesaria, bonita y productiva desde todos los puntos de vista». También explicó al medio que «ya no pueden subir ni bajar, no solo cuando se enfrentan a grandes presas, sino incluso con pequeñas barreras de 50 centímetros». Tras estas declaraciones son muchas las personas que se han quejado en las redes sociales, ya que «los españoles se están quedando sin agua y solo se mira por la fauna».

Todas estas acciones van en la línea de la obsesión del Ejecutivo de Sánchez por un ecologismo mal entendido. En él sostienen que la naturaleza se autorregula, por lo que debe seguir su curso natural. No se pueden limpiar los bosques y no se pueden cortar los árboles, porque han ido ganando terreno a su propiedad, también ocurre con la energía, la minería y la proliferación del lobo ibérico.

Como con el IVA del gas o con el gasoducto Midcat, el Gobierno ha ido dando bandazos. Hace más de un año, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificaba de «escandaloso» el vaciado de dos embalses españoles por parte de Iberdrola para producir energía más barata en un momento en el que la luz estaba en máximos históricos –117,29 euros el kilovatio/hora–.

Mientras el Ejecutivo ese mismo año estaba ya destruyendo embalses, la ministra apuntaba que «es legítimo, pero no es razonable. No solo hay que cumplir, también hay que mantener la calidad y la cantidad de agua necesaria para esos pueblos».