La ley Darias, un torpedo ideológico que amenaza con colapsar el Sistema Nacional de Salud

El Congreso ha admitido a trámite este jueves la ley de equidad, universalidad y cohesión, conocida como la ley Darias, un texto de nombre rimbombante que esconde una alarmante carga ideológica y amenaza con poner al Sistema Nacional de Salud contra las cuerdas en plena crisis de listas de espera.

Se trata de la penúltima concesión del PSOE a Podemos, ya que pretende derogar la ley impulsada por José María Aznar en 1997 para la privatización de la Sanidad en ciertos supuestos. Pero lo hace además dos años después de una pandemia en la que la privada se había convertido en un recurso estratégico para el Gobierno. Una puñalada por toda la espalda.

Esta ley, entre otras medidas, impedirá la derivación de pacientes a centros privados y la gestión privada de hospitales públicos, aunque en algunas excepciones se permitirá la gestión indirecta previa justificación. La Sanidad está transferida a las CC.AA. por lo que, en la práctica, deja en manos del Ministerio la aprobación del uso de estos recursos público-privados por parte de las comunidades interesadas.

Este asunto era una de las grandes diferencias entre Podemos –que abogaba por un sistema 100 % público– y el PSOE. Sin embargo, dadas las particularidades del sistema catalán, era una condición sine qua non a la hora de negociar el texto con los independentistas.

De hecho, el sector sanitario privado frunció el ceño cuando el miércoles a última hora Junts y PDeCAT anunciaron haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para la retirada de las enmiendas a la totalidad a la ley. Cataluña es una de las comunidades que más conciertos mantiene para la prestación de servicios y este texto era un ataque a la línea de flotación de su sistema. El cambio de parecer in extremis de estos partidos y sus motivos –un «ejercicio de pedagogía» con Podemos– roza el escándalo.

Madrid, que sospecha que no tendrá tantas facilidades como el Govern para justificar las citadas «excepciones», ha advertido que «ninguna comunidad podría llevar a cabo su asistencia si no fuera por estos modelos». «En algunas regiones tiene más peso que en otras, pero desde luego, a día de hoy, sería impensable que Madrid diera respuesta sin estos modelos», ha comentado el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

El sistema público, colapsado

Pero más allá de la controversia política, el problema es que esta ley no puede llegar en peor momento. Tras la pandemia del coronavirus, 700.000 personas están en espera de una operación quirúrgica y más de tres millones, en espera de una consulta. Un informe de la Fundación IDIS apuntaba que la ley Darias podría aumentar las listas de espera en primera consulta en 58 días y las de cirugías en 75.

«La ideología, sin matemáticas, provoca muertos», señala Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de la sanidad privada en nuestro país, que engloba a casi 1.300 entidades. «Durante la covid hemos sido ese aliado flexible y esa válvula de escape del sistema; ahora tenemos la crisis de las listas de espera y la decisión del Ministerio es levantar un muro entre la sanidad pública y la privada. Y no solo eso, seremos los únicos de Europa que estableceremos esa diferenciación», añade.

Para Rus, se trata de una «cuestión ideológica», porque al paciente «le importa poco si la titularidad es pública o privada», ya que lo que quiere es «buena medicina».

Luego está el asunto de la invasión competencial. La actual legislativa permite, que no obliga, la firma de modelos concesionales. Por ejemplo, País Vasco apenas tiene conciertos mientras que en Cataluña es la base de su modelo. Se trataba de un sistema que, dada su flexibilidad, garantizaba la sostenibilidad. Sin esta colaboración, las comunidades tendrán que aumentar su presupuesto en salud; actualmente, con un gasto entre el 30 % y el 40 % del total, esta situación es simplemente inviable.

El 80 % del gasto en salud se destina a los mayores de 60 años

ASPE calcula que el 80 % del gasto en salud se lo llevan los mayores de 60 años. Con una población cada vez más envejecida, es una cuestión de tiempo que los números no cuadren.

«Si queremos hablar de equidad», continúa Rus, «confirmemos que todos los ciudadanos tienen acceso a la misma cartera de servicios independientemente de la comunidad en la que vivan, garanticemos que los plazos asistenciales son los mismos en todas las comunidades, que existe el mismo acceso tecnológico, que los profesionales ganan lo mismo…».

«Estas cuestiones no las aborda la ley porque las competencias están trasferidas y solo limita la capacidad de gestión de la comunidad, que es quien asume el impacto económico», concluye el presidente de ASPE.