Los protocolos sanitarios escondieron una eutanasia encubierta durante la pandemia

Hace unas semanas, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, criticaba en un artículo de La Vanguardia a raíz de la aprobación de la ley de la eutanasia que «hay una práctica no escrita, pero real en ciertos ámbitos del sector médico, según la cual a los pacientes de cierta edad no se les deben practicar determinadas pruebas ni proporcionarles determinados tratamientos porque se considera una cosa innecesaria que va en detrimento de otros pacientes con más probabilidades de sobrevivir».

Planellas denunciaba que hacer este planteamiento «equivale a decir que las personas mayores ya no son útiles a la sociedad y, como han hecho su camino en la vida, no hay que dedicarles los mismos esfuerzos que a los pacientes que todavía sí pueden ser útiles o vivir más años».

Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, calificó el artículo de Planellas de «lamentable». «Más allá de las barbaridades que dice, muestra un desconocimiento total de lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico y evitar prácticas fútiles y empeño terapéutico».

De hecho, unos días después, el propio Padrós aseguraba para La Vanguardia que la edad «es ahora menos determinante que nunca, no decide lo que se hace o no». «Los cirujanos elaboramos guías que, ante un paciente de edad avanzada, ayudan a evaluarlo de forma global, valoramos su fragilidad (…). A veces, una intervención puede suponer más riesgos que beneficios y se busca otro tratamiento. O hay algún paciente que no quiere operarse», añadía.

Eutanasia en la práctica

Lo cierto es que los protocolos médicos sí esconden una eutanasia encubierta por parte del sistema de salud contra los más mayores. Un documento del Departamento de Salud de la Generalitat del 24 de marzo de 2020 llamado Recomendaciones de apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzo terapéutico por pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda advertía de los riesgos de saturación del sistema y ofrecía consejos sobre actuación.

Según el texto, elaborado por el Grupo de trabajo de Ventilación, la Jefatura de Emergencias, la Dirección Médico y la Enfermera del SEM, las infecciones emergentes ponen en muchas ocasiones en juego las capacidades de atención de los sistemas sanitarios, sobre todo cuando el número de pacientes graves o críticas supera y amenaza las capacidades de atención del sistema.

Así, recomendaba planificar los recursos y «mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por la COVID-19 o de otras patologías que condicionen el estado crítico, evitar el fenómeno del ‘primero que llega, el primero que ingresa’ y aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual, no solo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos».

Este protocolo señalaba que, si bien todo paciente tiene derecho a recibir asistencia, la intensidad se determinaría según criterios de idoneidad. También matizaba que la edad «nunca» debe ser el único criterio a utilizar a la hora de decidir la limitación del esfuerzo.

A continuación, detallaba el tratamiento a seguir según el tramo de edad que, conforme aumentaba, reducían las posibilidades de salir adelante. Las personas sanas y en forma, los que estén saludables y aquellos con problemas crónicos controlados recibirían Ventilación Mecánica Invasiva (VMI), mientras que el resto y los mayores de 75 tendrían como tratamiento oxígeno en alta concentración. Los VMI, los famosos respiradores, fueron los que en definitiva salvaron vidas al comienzo de la pandemia.