Lo que la ley Darias pone en juego al eliminar los copagos: «Aboca al fallo sistémico»

Con un sistema sanitario colapsado, en el que cada vez más profesionales buscan salida en el extranjero por la precariedad, la Ley de Equidad –conocida como ley Darias– pondría fin a la colaboración público-privada. Un proyecto abocaría al SNS a un fallo sistémico.

Este proyecto impedirá la derivación de pacientes a centros privados y la gestión privada de hospitales públicos, salvo algunas excepciones que, tras el cambio de rumbo de última hora de Junts y PDeCAT durante la presentación de enmiendas el pasado septiembre, parecen destinadas a favorecer al sistema catalán por su alta dependencia de los conciertos sanitarios.

Son datos ofrecidos por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), una asociación que reúne a 1.300 entidades. Según esta patronal, el sector privado aporta el 36 % del total de quirófanos disponibles en España. De hecho, en los últimos cinco años, la eficiencia de estos ha aumentado un 118 % mientras que en la sanidad pública este porcentaje llega hasta el 30 %.

En cuanto a UCI, se estima que el sector contaba en 2021 con 2.270 camas, el 20 % del país (11.159). En términos de equipamiento de alta tecnología, el sector hospitalario privado cuenta con el 52 % de las resonancias magnéticas, el 44 % de los PET, el 42 % de los mamógrafos y el 41 % de las unidades de hemodinámica, entre otros equipamientos.

Respecto a la actividad asistencia, el sector privado llevó a cabo en 2020 el 42 % de las intervenciones quirúrgicas, el 31 % de las estancias, el 31 % de las urgencias, el 29 % de las altas, el 28 % de las consultas y el 24 % de los partos que se registraron en España.

El importe de la partida de conciertos fue de 8.587 millones de euros en 2020, un 10 % del total del gasto sanitario, y 271 hospitales privados tienen algún tipo de acuerdo con la sanidad pública.

Además, esta asociación ha calculado los precios de los procedimientos quirúrgicos, de diagnóstico y especiales son, aproximadamente, un 50 % más baratos que en la pública. Así, una amigdalectomía es un 62 % inferior, una artroscopia un 49 %, una catarata un 46 %, un PET un 92 %, una ecografía un 48 %, una laparoscopia gástrica un 69 % y una sustitución valvular aórtica un 57 %, entre los procedimientos más habituales.

«A la vista de estos datos, no se justifica la Ley de Equidad», explica Carlos Rus, presidente de ASPE. «No está aumentando la partida de conciertos sobre el total del gasto sanitario y, sin nuestra contribución, hay un riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública ya que inducirán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, ya que no existe un plan B con medidas alternativas a la infraestructura y apoyo de nuestro sector».

La ley Darias no aborda el acceso universal a la misma cartera de servicios, los plazos asistenciales o la precariedad del sector sanitario, que son las grandes deficiencias del sistema, limitando, en cambio, la capacidad de gestión de cada comunidad, que es la que al final asume el impacto económico de la medida.

Excepción a medida

Las citadas excepciones en la derivación de pacientes a centros privados fue uno de los grandes conflictos entre PSOE y Podemos en la negociación del texto. La formación morada quería un sistema 100 % público, pero los socialistas saben que esto provocaría un enfrentamiento con los independentistas catalanes, en una comunidad donde los conciertos son la base del sistema.

Las cifras del informe en este sentido son reveladoras. Cataluña es la comunidad con mayor número de hospitales y camas de titularidad privada, que suponen el 70 % y el 57 % respectivamente del total. También tiene el mayor número de quirófanos y camas UCI privados y este sector acumula un porcentaje mayor que la pública en estancias (55,2 %), intervenciones quirúrgicas (57,5 %) y partos (54,7 %).

De hecho, es la comunidad que más dinero dedica a conciertos (3.288 millones de euros en 2020) y en la que más han aumentado en los últimos cinco años (30,6 %). Cataluña es la comunidad que destina un mayor gasto por habitante a estos acuerdos con 423 euros al año. Finalmente, es la región con más profesionales (120.253) ocupados a la sanidad privada, un 40 % más que Madrid.

Con estos datos, no es extraño que el PSOE se negará a eliminar las excepciones del texto. De hecho, durante la presentación de las enmiendas a la totalidad, Junts y PDeCAT cambiaron de parecer a última hora en lo que calificaron un «ejercicio de pedagogía» con Podemos. Una decisión que encendió las alarmas de otras comunidades que también tienen una alta dependencia de los conciertos.