Varios agresores sexuales consiguen una rebaja de sus penas amparándose en la ley del 'solo sí es sí'

«Bulos machistas». Así se refirió la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, a la noticia conocida el pasado octubre de que un condenado por agresión sexual había solicitado una rebaja de la pena amparándose, paradójicamente, en la ley del ‘solo sí es sí’.

Este martes, casi un mes después de aquella primicia adelantada por La Vanguardia y de las negaciones de Rodríguez al respecto, la realidad le estalla en la cara después de que varios tribunales hayan dictado las primeras reducciones de condenas a sentenciados por este delito.

Las resoluciones han ido trascendiendo a lo largo de esta mañana y ya son al menos cuatro las revisiones conocidas por las que los reos se han beneficiado de la nueva regulación.

Esto se debe a dos factores que confluyen a su favor: por un lado, la nueva ley rebaja rebaja en dos años las penas mínimas por delitos de agresión sexual (de los seis anteriores a los cuatro actuales); por el otro, el principio de retroactividad de las leyes penales que favorecen al convicto, fijada en el artículo 2.2 del Código Penal y que hace prevalecer la ley más ventajosa para el condenado.

Con esta premisa, son varios los letrados que no dudaron en servirse de este resquicio para solicitar las reducciones tan pronto como la ley fue aprobada el pasado 7 de octubre. Y lo han conseguido en al menos cuatro casos: de seis a cuatro años por una agresión sexual cometida en 2017; de ocho años a seis años a un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de su pareja; de ocho años y nueve meses a seis años y nueve meses a un hombre que abusó de su sobrina de 4 años; y de casi siete años a un año y medio a un profesor que abusó de cuatro alumnos menores.

El goteo de rebajas llega después de que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Igualdad se pronunciasen en sentidos opuestos respecto al posible uso torticero de la ley que podían hacer los condenados para conseguir rebajas: mientras que Rodríguez e Irene Montero afirmaron sin tapujos que «en ningún caso cabrá revisión de la pena», el fiscal general Álvaro García Ortiz admitió la evidencia en una entrevista y se comprometió a «fijar un criterio único» para armar jurídicamente a los tribunales y evitar así que este tipo de peticiones prosperaran. Un criterio que sigue bajo estudio en los despachos de la Fiscalía y que, por el momento, ya ha llegado tarde.