Portugal frena de nuevo su ley de la eutanasia mientras en España se mata a una persona al día

Mientras la ministra de Sanidad de España vitorea las cifras de la eutanasia –180 muertes en el primer semestre de 2022–, Portugal rechaza por segunda vez la ley porque «la vida humana es inviolable», según su Constitución.

Era la tercera vez que la Asamblea de la República intentaba aprobar la despenalización de la muerte asistida, que sigue sin ser una realidad en el país debido a vetos del Constitucional y del propio jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Después de que el mandatario portugués mandase el texto al TC, el presidente del mismo, João Pedro, dictaminó revocar la ley al considerar que algunos puntos de la norma entraban en conflicto con la Carta Magna del país.

El Constitucional portugués decidió bloquear por segunda vez la implantación de la eutanasia porque el texto presentaba «un error», una simple conjunción: la «y». Fallo que generó dudas entre los magistrados.

Aunque la Constitución portuguesa establece tres tipos de sufrimiento «de gran intensidad» –físico, psicológico y espiritual–, no deja claro si deben ser «acumulativos» o «alternativos». Es decir, que el paciente padezca los tres a la vez o solamente uno.

Según João Pedro, este fallo «intolerable» llevó a los jueces a volver a vetar la norma, como ya habían hecho en 2021. Además, el Parlamento no corrigió los aspectos que el TC había mencionado en 2021 y decidió ir «más allá» al modificar la norma, lo que «tuvo consecuencias».

Debatida por primera vez en 2017

La despenalización de la eutanasia en Portugal se debatió por primera vez en 2017. Tras el anuncio, nueve entidades, entre las que se encontraban la Universidad Católica Portuguesa, Cáritas y el Instituto San Juan de Dios, firmaron un documento citando una de las frases de la Constitución: «La vida humana es inviolable».

Dos años más tarde, en 2020, el Parlamento del país dio luz verde a tramitar la legalización de la ley de la eutanasia después de que se aprobaran los cinco proyectos presentados. Según marcaba el origen de los cinco textos, el solicitante tenía que ser mayor de edad, no presentar problemas mentales y estar en situación de sufrimiento «duradero e insoportable».

Si el proyecto hubiese seguido adelante, el solicitante hubiera tenido que pasar por un comité de expertos antes de someterse al suicidio asistido, aunque los médicos y enfermeros podrían acogerse a la objeción de conciencia para no aplicar la eutanasia y remitir al paciente a facultativos que sí la practicasen.

La acción de Portugal no se corresponde a la que actualmente tenemos en España. Desde que se aprobó la ley de la eutanasia en nuestro país, el Gobierno impuso un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para «ayudar a morir» y señalar con el dedo a todos los profesionales que no quieren practicar la eutanasia.