Los veterinarios discrepan en varios aspectos con la nueva ley
«Sacrificio cero»: la aspiración de la ley de bienestar animal que no gusta a los veterinarios
Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios de España creen que puede llevar a «un sufrimiento muy importante del animal»
Hace ya tres semanas de que la controvertida ley de bienestar animal –impulsada por Ione Belarra y su Ministerio de Derechos Sociales– se aprobase en el Congreso de los Diputados, aunque no sin la previa bronca entre socios a cuenta de la exclusión en la norma de los perros de caza.
A pesar de las diferencias, el texto salió adelante y continúa ahora su trámite parlamentario en el Senado, donde ya cuenta con casi 450 enmiendas de todos los partidos de la cámara. Su debate provocará, casi con toda seguridad, la modificación del texto en varios puntos, pero no se conocerá hasta la votación definitiva.
Los veterinarios discrepan en varios aspectos con la nueva ley y lamentan que no se haya contado en mayor medida con ellos. Uno de los elementos más peliagudos es el sacrificio o eutanasia de los animales. Y es que la norma persigue tres pilares: «sacrificio, abandono y maltrato cero», tal y como explicó el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres.
Por ello, en su artículo 27 se establecen restricciones en cuanto al sacrifico se refiere.
Artículo 27
a) Su sacrificio, salvo por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente. Se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, abandono del responsable legal, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, así como por cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas.
La eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que como tal ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario colegiado. El procedimiento de eutanasia se realizará por personal veterinario colegiado o perteneciente a alguna Administración Pública con métodos que garanticen la condición humanitaria, admitidos por las disposiciones legales aplicables.
Según este apartado, se limita el sacrificio de animales única y exclusivamente «por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública». Se especifica, además, que estará prohibido el sacrificio por cuestiones económicas, de sobrepoblación, de vejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento.
«Poco afortunado»
Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios de España califican este punto como «poco afortunado» porque, según ellos, incide en el error cuando habla exclusivamente de causas no recuperables, «no teniendo en cuenta que, aun existiendo causas recuperables, en muchas ocasiones las circunstancias económicas del dueño del animal impiden el tratamiento, lo que puede llevar a un sufrimiento muy importante del animal, incluso utilizando medios paliativos».
Los profesionales denuncian que, en caso de que el dueño no pueda costear el tratamiento en cuestión del animal, no podrán tampoco sacrificarlo, lo que le puede terminar siendo más perjudicial para él.
Desde el Consejo General ponen un ejemplo clarificador: en el caso de un animal afectado por una tetraplejía causada por la luxación de un disco cervical, puede tener tratamiento quirúrgico, pero si su propietario no puede afrontar el pago o no tiene los recursos económicos para el tratamiento, el animal quedaría inhabilitado de por vida sin poder moverse.
La Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) coincide con el organismo anterior, argumentando que el coste de ciertos tratamientos para tratar patologías graves puede no ser asumido por el propietario del animal, «condenando a un sufrimiento innecesario que deberíamos poder evitar».