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Los veterinarios alzan la voz contra la ley de bienestar animal: «Hay criterios alejados de la evidencia científica»

El Consejo General de Colegios Veterinarios advierte de las «dudas» que existen sobre las especies que quedarán comprendidas en el «listado positivo»

El proyecto de ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales quedó aprobado el pasado 9 de febrero por el Pleno del Congreso de los Diputados con 174 votos a favor –los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y la CUP–, 167 votos en contra y 7 abstenciones. Ahora, el texto pasará por el Senado, donde se podrán realizar enmiendas que modifiquen la norma.

Un texto que ha generado malestar entre las personas del ámbito rural y dudas entre los dueños de animales de compañía que, entre otras medidas, deberán hacer un cursillo para poder tener un perro.

Pero los veterinarios tampoco están conforme con muchos aspectos de esta ley. El Consejo General de Colegios Veterinarios de España emitió una valoración en la que se apuntaban varias apreciaciones. Advierten, por ejemplo, de las «dudas» que existen sobre las especies que quedarán comprendidas en el llamado «listado positivo de animales permitidos para la tenencia como animales de compañía», que no quedan aclaradas en el texto.

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV), no puede hacer una valoración general buena ya que, según explica a El Debate, de la ley se desprende «una declaración de buenas intenciones pero que, sin embargo, no está bien ejecutada por incluir demasiadas excepciones, imprecisiones, reiteraciones e incluso errores gramaticales». Además, añade que la norma no sigue criterios científicos en muchas de las apreciaciones que realiza.

Veterinarios no representados

Desde el Consejo de Colegios consideran que los veterinarios no están suficientemente representados y denuncian que se menciona expresamente a los profesionales «solo para determinadas cuestiones sanitarias, pero se obvian en otros aspectos para los que su colaboración es fundamental, como por ejemplo, en el asesoramiento en bienestar animal, la identificación del maltrato animal o la elaboración de informes periciales de maltrato como sustento del procedimiento administrativo o jurídico penal».

La Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), coincide con el Consejo de Colegios en este punto y lamenta que la opinión del profesional veterinario no haya sido «suficientemente considerada, dejando que criterios alejados de la evidencia científica hayan dictado ciertos artículos de la ley».

Astudillo incide en que en toda la norma se cuenta muy poco con los veterinarios «hasta el punto de equiparar a los centros veterinarios con los núcleos zoológicos» y cree que más que enmendar la ley en el Senado lo que habría que hacer sería «empezar de nuevo».

De igual manera, desde la institución de profesionales recalcan que el texto no menciona quién ni cómo se va a impartir la formación a los dueños de animales y las diferentes administraciones: «En ninguno de los casos mencionados se nombra a los veterinarios como posibles profesionales para impartir esta formación, pero sin embargo sí que se cita a responsables de formación de las entidades de protección animal».

Eutanasia

Uno de los puntos más polémicos para los profesionales de la veterinaria es la eutanasia y el sacrificio. La ley prohíbe expresamente el sacrificio «en centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante, abandono del responsable legal, vejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, ni por problemas de comportamiento reconducibles por un educador o etólogo».

El Consejo de Colegios señala que, en muchas ocasiones, las circunstancias económicas del dueño del animal «impiden el tratamiento», lo que puede llevar a un sufrimiento muy importante del animal, incluso utilizando medios paliativos.

Desde AMVAC se suman a este pensamiento y aseguran que debería ser el veterinario el que «pudiese decidir la conveniencia de realizar dicho procedimiento en casos en los que no se pueda garantizar unas condiciones de vida mínimamente».

De igual forma, existen otros puntos en los que los veterinarios creen que su figura no se contempla «en ningún momento», como es el caso del compromiso de la lucha contra el maltrato animal o la formación para obtener el certificado de los dueños, en los que creen que puede generar situaciones de intrusismo profesional.

A pesar de que la norma se aprobará en su nuevo trámite en la Cámara Alta –donde acumula ya 449 enmiendas parciales–, lo hará con el descontento en muchos aspectos de los profesionales veterinarios, así como del campo y el sector de las tiendas de animales.

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