Los beneficios de los hombres que se cambian de género: del acceso a la Policía a las listas paritarias
El Ministerio del Interior favorece la reserva de hasta un 40 % de plazas para mujeres en la Policía y la Guardia Civil
Aunque no existen datos oficiales que afirmen el volumen de cambios de género en los veinte días que lleva vigente la ley trans, todos los Registros Civiles confirman un elevado número de interesados. Según los datos a los que tuvo acceso El Debate, los hombres son los que más están acudiendo a las oficinas para modificar su sexo, algunos de los cuales no se cambian ni el nombre.
Esta ley ha abierto una gran brecha en la sociedad. Además, plantea muchas dudas, ya que se sospecha que muchos de estos varones acuden al Registro para beneficiarse de los derechos de las mujeres trans, como el acceso a las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado, las subvenciones o las listas paritarias.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba que no iba a haber «ningún hombre» en nuestro país que buscase ir al registro a decir que «es una persona que no es» para disfrutar de unas supuestas ventajas, pero parece que, una vez más, se equivocó. Desde la entrada en vigor, varios hombres han declarado públicamente que se han cambiado de sexo para obtener los «beneficios de las mujeres».
Esto, no obstante, podría suponer un fraude de la ley, que se regula en el artículo 6 del Código Civil: Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
Los hombres que quieren ser mujeres
En este sentido, el artículo 46.2 de la ley trans establece que la rectificación registral permitirá a la persona ejercer «todos los derechos inherentes» a su nueva condición.
Además, el punto 4 precisa que la persona que rectifique la mención registral del género pasando del sexo masculino al femenino «podrá ser beneficiaria» de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
No obstante, según este punto del artículo, la persona que rectifique la mención registral, pasando del sexo femenino al masculino, conservará los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución.
Los ejemplos de esta ley son multitudinarios. En las pruebas físicas de acceso a la Policía existen diferentes exámenes. En relación con esto, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) denunció en una nota este asunto. Si un hombre se declara mujer y quiere acceder a la Policía Nacional, ¿qué pruebas físicas se le exigirán? Esto mismo pasó el pasado jueves con el opositor de Torrelodones.
El Ministerio del Interior favorece la reserva de hasta un 40 % de plazas para mujeres en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, en Barcelona, el 40 % de las plazas en las oposiciones a Guardia Urbana serán reservadas, o podrán obtener plaza en las oposiciones a Guardia Civil por delante de los hombres si la diferencia de puntuación no es superior a 0,5 puntos hasta cubrir una cuota del 30 % de mujeres.
En el caso de la violencia de género, las mujeres trans tendrán derecho a no poder ser denunciadas por este tipo de agresión. Si sufren violencia por parte de su pareja, podrán recibir apoyos económicos. Además, tendrán una ayuda suplementaria de pago único si la afectada se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género.
Además, hay al menos 60 derechos de la Ley Integral de Violencia de Género que serán accesibles para los hombres que quieran cambiarse de sexo en el Registro Civil.
Pero hay más ejemplos: un hombre que se registre como mujer podría ingresar en una cárcel de mujeres, tendría ventaja en las competiciones deportivas y se podrá cambiar en los mismos espacios que las mujeres.
Otra de las polémicas impuestas por Montero consiste en proporcionar incentivos a las empresas para que contraten a mujeres desempleadas. Esta polémica ley, según asegura OkDiario, exige cuotas para «incrementar la presencia de las mujeres en las juntas de gobierno, en los colegios profesionales y en los jurados de reconocimiento público», además de «listas electorales cremallera», es decir, compuestas de forma alternativa por hombres y mujeres.