Montero mete con calzador la ley trans en las aulas

La ley trans, impulsada por Irene Montero, no solo trata de abolir la realidad sobre el ser humano, sino que lucha por un proceso de cambio de sexo en el Registro Civil sin justificante médico ni psicológico y otorga «avances» a las personas LGTBI, punto que ha causado controversia, ya que muchos ciudadanos de este colectivo no están de acuerdo con la ley estrella de la ministra de Igualdad.

Esta controvertida norma, que entró en vigor el 2 de marzo de 2023 tras varios meses de modificaciones, también ha entrado en las aulas. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, dedica cuatro artículos a las medidas en el ámbito de la educación.

En el artículo 20, que hace referencia a la diversidad LGTBI en el ámbito educativo, exige incluir entre los aspectos básicos del currículo el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas de la ley, así como el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.

Para garantizar que esta medida se lleva a cabo, el Gobierno ha incluido contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexual en las oposiciones de maestros. Además, todos aquellos profesionales que quieran aspirar a estar en el equipo directivo deberán tener en cuenta la incorporación de dichos contenidos en los proyectos.

En el artículo 21, relacionado con los deberes de las administraciones educativas, el Ministerio de Montero expresa que deben colaborar con todos los centros educativos para fomentar el respeto. Esta gerencia ya está impulsando planes para que el profesorado se forme en la atención y el respeto a la diversidad sexual. En caso de que esto no se cumpla y los colegios o universidades no sigan los deseos de Igualdad podrán ser sancionados por los servicios de inspección.

La polémica norma guarda un apartado único al profesorado. En él expresa que el docente debe incorporar en sus aulas contenidos dirigidos a la diversidad sexual –la ley no especifica edad–. Además, si quiere mantener su cargo, tienen la obligación de fomentar el respeto de los derechos y libertados fundamentales y de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

En este sentido, los maestros tienen que tener conocimiento de las circunstancias de acoso y violencia escolar, poniendo especial atención al ciberacoso.

Así, las administraciones educativas tienen el deber de aplicar diferentes programas de información dirigidos a los profesores, alumnos y familias con el objetivo de divulgar las diferentes realidades sexuales.