Marlaska sigue sin aplicar la ley trans en las cárceles, donde 79 presos exigen traslado tras cambiar de sexo

Un mes después de la entrada en vigor de la ley trans, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siguen ignorando a las mujeres presas. La Secretaría de Instituciones Penitenciarias sigue a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación de la ley trans –que añada este punto– para saber cómo actuar en caso de que un preso se cambie de sexo y facilitar un «internamiento adecuado».

La primera semana que entró en vigor la ley, los registros civiles comenzaron a notar un incremento de hombres que acudían para cambiarse el género. Esta norma ha generado diversas controversias. El pasado 23 de marzo, un hombre aspirante a la Policía Local de Torrelodones (Madrid) se cambió de sexo para beneficiarse de los requisitos femeninos para estas pruebas. Del mismo modo, el 25 del mismo mes, seis jóvenes presidarios de Asturias iniciaron los trámites para cambiarse el género registral e ingresar en un centro de mujeres.

Según datos de Instituciones Penitenciarias, actualmente hay 46.000 personas presas en las cárceles, de ellos, 79 son transgénero. En este sentido, Montero ha creado una ley que no se ajusta a las peticiones de las prisiones, y mucho menos a la de las mujeres internas, pero parece no importarle, ya que el pasado mes aseguró que las mujeres trans pueden ingresar en módulos de mujeres «sin haber cumplido con los requisitos exigidos» para el cambio de sexo en el registro.

Basta con una llamada

Los presidiarios que quieren cambiarse de género y beneficiarse de los derechos de las mujeres solo tienen que hacer una llamada. Esta modificación de sexo en el documento de identidad es muy sencilla y no está supervisada por nadie. La persona interesada solo debe contactar con el grupo administrativo y rellenar una instancia en abierto a la dirección para que lo tramite, aunque también se puede hacer de forma privada.

De este modo, Confilegal asegura que ha contactado con fuentes penitenciarias que afirman que, al hacerse en «sobre cerrado», el juez de vigilancia o el encargado del registro no sabe qué trámites se están llevando a cabo y con qué finalidad lo hacen.

Para tratar de paliar esto, Instituciones Penitenciarias tiene que esperar a que Interior regule la norma y publique en el BOE una modificación de la instrucción 7/2006 aprobada por la que fuera directora de Prisiones y exdiputada socialista, Mercedes Gallizo, en el año 2006.

Esta orden, que determina los derechos de las personas transexuales en prisión, ofrece ciertos beneficios a este grupo de personas. En primer lugar, se asegura que los reclusos tengan la «dignidad personal y el respeto correspondiente» a la identidad reconocida, incluido el internamiento en los centros o módulos correspondientes.

Además, se debe realizar una práctica de cacheos con respeto a la identidad de género reconocida y el acceso a los servicios especializados de salud para el proceso de «transexualización y tratamiento endocrinológico prescrito por los servicios de salud». Por último, la Administración debe instar al empleo de nombre acorde a su identidad de género en las relaciones grupales e interpersonales penitenciarias.