La ingeniería social con la que el Gobierno de Sánchez ha intentado transformar a los españoles

Que en España se promulgan cada vez más leyes que van contra de la vida y buena parte de la sociedad es ya una realidad. Las prisas del Gobierno por aprobar normas que suponen un gran rechazo para la población van en aumento. Y la última de ellas fue la ley de familias, impulsada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Ione Belarra.

A esta controvertida norma se suman otras dos que vulneran el derecho a la vida, como son la ley de la eutanasia –impulsada por la exministra de Sanidad, Carolina Darias– y la ley del aborto –creada por la ministra de Igualdad, Irene Montero–. Para finalizar, la militante de Podemos ideó una norma que trata de abolir la realidad sobre el ser humano, la denominada ley trans.

La ley del aborto de Montero

El pasado 16 de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que entró en vigor el pasado 2 de marzo y que no cuenta con los votos del PP, Vox ni Ciudadanos, permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

La polémica norma establecida por Montero suprime los días de reflexión y blinda el aborto frente a protocolos como el que propuso Vox en la Junta de Castilla y León. Además, al igual que pasa con la ley de la eutanasia, la ministra de Igualdad ha añadido un apartado en el que promete la creación de una lista de médicos objetores para asegurarse de que ningún facultativo se salte su ley por «principios morales».

Otro de los controvertidos puntos que incluye el BOE es la eliminación del periodo de reflexión, la baja por menstruación dolorosa y la entrega de anticonceptivos gratuitos.

La norma que ha matado a 180 personas

El Ministerio de Sanidad también tiene su propia ley, la reconocida Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio del mismo año, cuando morían miles de ancianos, en su inmensa mayoría por coronavirus.

La eutanasia, impulsada y defendida por la ahora candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que mata a una persona cada 24 horas, se implantó en España a pesar del rechazo de la oposición, que recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que pasó con la del aborto.

Esta controvertida norma contempla la creaciones de 'listas negras' de médicos en las que deben inscribirse todos aquellos médicos que se niegan a matar a las personas. Es más, esta ley, oculta entre una pandemia, no contó con ningún dictamen de los colegios de médicos, el Consejo de Estado o del Poder Judicial. Se impuso en una situación contradictoria. Estaban muriendo miles de personas por la covid y aprobaron una ley para matar.

Los 'beneficios' de la ley trans

La ley trans se vio envuelta en un camino de muchos baches, pero al final Irene Montero consiguió que su Ley Orgánica 4/2023, de 28 de febrero, saliese bien parada.

A pesar de la negativa de diferentes partidos políticos, la ministra de Igualdad pudo festejar el pasado 2 de marzo la entrada en vigor de la norma que permite la autodeterminación de género a los mayores de 12 años, que garantiza el abastecimiento de tratamientos hormonales y veta las terapias de conversión.

Además, esta ley permite que las mujeres trans tengan más beneficios que una persona que no se ha cambiado el género. Por ello, desde que entró en vigor la ley son muchos los hombres que acuden al registro a cambiarse de sexo. En este sentido, el proyecto de Montero ha eliminado todas las diferencias legales que existen en España entre ambos sexos.

Por ejemplo, esta ley da a los hombres que decidan registrarse como mujeres el derecho a un incremento en la pensión por número de hijos, que empieza en un 5 % por dos hijos y alcanza hasta el 15 %; se les ofrecerán ayudas para su negocio –los hombres no tienen acceso a ellas–; o se les otorgará una deducción en el IRPF de 100 euros al mes para madres trabajadoras.

Belarra y las familias numerosas

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 también ha querido que en el BOE apareciese una ley suya. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de marzo la ley de familias. Esta norma, que aún no ha entrado en vigor y no se sabe cuándo lo hará, equipara las parejas de hecho con los matrimonios y las familias numerosas con las familias 'monomarentales'.

Una vez se dé luz verde a la ley –que tendrá un coste de 623 millones de euros– se enviará de nuevo al Congreso para tramitarla por vía de urgencia. La medida que más gastos generará será la que equipara a las familias con un solo padre y dos hijos, las familias numerosas y la deducción para madres trabajadoras con niños de 0 a tres años, que beneficiará a unas 250.000 nuevas madres en nuestro país.