El Tribunal de Estrasburgo da la razón a Italia al no registrar los nacimientos por vientre de alquiler

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha considerado legítima la decisión que ha tomado Italia de no registrar certificados de nacimiento a los niños que nazcan en el extranjero fruto de un vientre de alquiler. Según ha apuntado este organismo, la adopción sería la alternativa adecuada a esta ilegítima práctica. En este sentido, el la Justicia europea ha calificado de «inadmisibles» los recursos presentados contra Italia por parejas homosexuales y heterosexuales en relación con este tema.

Tal y como han señalado los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el deseo de dichas parejas de ver reconocido un vínculo entre los niños y sus futuros padres «no ha chocado con una imposibilidad general y absoluta», ya que tenían a su disposición, aclaran, la opción de la adopción y «no la utilizaron».

Esto se ha decidido después de que el pasado viernes el Tribunal de Milán, en Italia, anulase la transcripción de la partida de nacimiento del hijo por vientre de alquiler de una pareja formada por dos padres. Esta valoración se tomó después de las diversas críticas proclamadas por las asociaciones LGTB a las últimas medidas judiciales.

Por otro lado, el pasado 19 de junio, la Fiscalía de Padua también prohibió el registro de 33 niños nacidos desde el año 2017 hasta ahora en el extranjero. Si esto se lleva a cabo, y el tribunal de la ciudad acepta esta medida, el nombre de las madres no biológicas –segundo progenitor–, deberá eliminarse de todas las partidas de nacimiento, al igual que el apellido.

A las familias que están en esta situación no les ha parecido una buena idea, ya que consideran que «puede ser un trauma» para los menores «cambiar también sus apellidos en una etapa delicada de desarrollo».

El pasado mes de mayo, el Parlamento italiano dio el primer paso para paralizar esta controvertida práctica avalando un proyecto de ley propuesto por el Gobierno de Giorgia Meloni que busca hacer de esta práctica «un delito universal». Es decir, cualquier italiano será juzgado en el país transalpino aunque la madre que se ofrezca a vender a su hijo viva fuera del país. El proyecto se ha llevado a cabo gracias a Fratelli d'Italia, La Liga y Forza Italia.

Esta polémica práctica se considera un delito grave en el país debido a una ley que se aprobó en el año 2004. Esta norma castiga con penas de cárcel de hasta dos años y multas de hasta un millón de euros a quien realice, organice o patrocine «la comercialización de gametos o embriones».

Sin embargo, este nuevo proyecto de ley busca también castigar a todas aquellas personas que realcen la práctica fuera del país para así restringir y eliminar los vientres de alquiler.