El Tribunal de Milán anula el certificado de nacimiento de un hijo obtenido a través de un vientre de alquiler

El Tribunal de Milán, en Italia, anuló la transcripción de la partida de nacimiento del hijo de una pareja de dos padres nacido por medio de un vientre de alquiler, una decisión que llega en medio de las críticas de las asociaciones LGTB a las últimas medidas judiciales, que achacan a la política del Gobierno que preside Giorgia Meloni.

La Corte, sin embargo, rechazó los recursos de la Fiscalía milanesa sobre los hijos de tres parejas de mujeres, pues aseguró que se requiere otro procedimiento dirigido «a eliminar la condición de hijo», una cuestión formal que, en cualquier caso, ha sido acogida con alivio por estas familias, según los medios locales.

La decisión de Tribunal se produce en medio de las tensiones generadas por la reciente orden del Gobierno de Meloni de bloquear las inscripciones en el registro civil de los niños de parejas homosexuales nacidos en el extranjero, después de que varios alcaldes progresistas se hubieran aprovechado de un vacío legal para hacerlo durante años.

Los jueces de la Corte civil milanesa han acogido la tesis de la fiscalía sobre la pareja masculina porque la inscripción en el registro «infringía la ley vigente que, prohibiendo el recurso a la maternidad subrogada, prohíbe también la transcripción de la partida de nacimiento en la parte en la que menciona también al progenitor intencional», según el Tribunal.

Los vientres de alquiler son ilegales en Italia y no hay intención de regularizarlo, ya que algunos exponentes del partido de Meloni, Hermanos de Italia, lo han calificado como «un delito más grave que la pederastia».

Los jueces añaden que «el derecho del niño al pleno reconocimiento del papel desempeñado por el progenitor intencional» en el «proyecto dirigido a su crecimiento, educación e instrucción puede ser reconocido mediante el procedimiento de adopción en casos especiales».

En los tres casos de hijos de las parejas femeninas, nacidos en el extranjero mediante procreación asistida, los jueces han dictaminado que para solicitar la nulidad de las transcripciones no se puede usar el mismo «procedimiento» alegado por los fiscales, «sino que es necesario instituir una verdadera acción dirigida a eliminar la condición de hijo».

Eso «confirma lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo: la paternidad de un menor, según los principios de nuestro ordenamiento jurídico, no se puede cancelar con un golpe de esponja como pretende el Gobierno y como pretenden algunos fiscales, sino que es necesaria una actuación estatal que tenga unos términos y modalidades muy estrictos», dijo el abogado Michele Giarratano.

El pasado 19 de junio, la Fiscalía Padua también impugnó el registro en el Ayuntamiento de los hijos de 33 parejas formadas por dos madres y pidió que se cancelara el nombre de la progenitora no biológica en los datos de los hijos de ambas.

La asociación Famiglie Arcobaleno (Familias Arcoíris) denunció este hecho que «priva de un padre legal a los menores», lo tachó de «hecho vergonzoso e indigno para un país cívico» y achacó la impugnación a las políticas del Gobierno de Meloni, que mantiene una cruzada contra temas como la gestación subrogada, entre otros.