Médico pasando consulta a una mujer embarazada con su marido
La sanidad pública dice «no» al aborto: la mayoría de los médicos se niegan a realizar estas prácticas
A pesar del incremento, la inmensa mayoría de estas operaciones se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privados
El 28 de febrero de 2023, la aprobación de la reforma de la polémica ley del aborto cumplirá un año. Esta norma, creada por la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha permitido a 98.316 madres acabar con la vida de sus no nacidos. A pesar de la insistencia del departamento en perpetuar esta política, aún no existe una regulación que proteja a los médicos objetores.
El pasado 16 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la controvertida ley del aborto, una norma que permite a las menores con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años abortar por lo público sin ningún tipo de consentimiento paterno. Además, Montero cumplió uno de sus sueños: suprimir el periodo de reflexión y crear una lista de médicos objetores para asegurarse que ningún facultativo se salte su ley por «principios morales».
La regla, de obligado cumplimiento de Igualdad, que contempla que cada mujer debe tener cerca de su casa un centro público para poder matar a su feto, no está del todo consolidada, puesto que los médicos objetores carecen de un registro que les proteja y les asegure que su ética está a salvo. La reacción a esta reforma entre el colectivo profesional es de «preocupación», incluso «temor». Así lo explica Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La inmensa mayoría de los abortos se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privado. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de los 98.316 abortos incluidos en el Registro Estatal fueron 222 los centros autorizados en todo el territorio nacional, el 82,70 % de ellos centros derivados y el 17,02 % centros públicos. En los últimos años, no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros de titularidad pública.
Galicia, por ejemplo, ha decidido externalizar esta prestación alegando el «derecho a ejercer la objeción de conciencia» de los sanitarios y falta de recursos, tanto humanos como materiales, de la red pública. Una decisión criticada por la oposición que denuncia que se está incumpliendo la ley. Sin embargo, la consejería de Sanidad se ampara en la ausencia de regulación del registro de objetores y traslada la responsabilidad al Ministerio de Sanidad.
En un país libre y democrático listas negras de médicos objetores «no proceden»Presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña
Al hilo, Chano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, asegura que querer limitar la objeción de conciencia, «sea por parte de quien sea», con la normativa actual, no es «ni correcto ni legal». Además, garantiza que en un país libre y democrático listas negras de médicos objetores «no proceden» y menos, prosigue, en un tema tan importante para un médico, que lleve a obligarle o presionarle para que haga algo que en conciencia cree que no debe hacer. Es más, «que le repugna hacer».
Otras comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha también ponen el foco en la falta de regulación del registro de objetores y de un protocolo que oriente a los gobiernos regionales a la hora de crear ese instrumento, clave para que los hospitales organicen sus servicios de ginecología y obstetricia.
Por ello, Juan José García, médico anestesista y secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo desde 2009 a 2017, explica que «es un derecho fundamental». La objeción de conciencia no es otra que la postura que ha mantenido «desde siempre» el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, recalca el facultativo de Castilla-La Mancha.
A pesar del empeño del Ministerio de Igualdad por apoyar el aborto y «ayudar a las mujeres», la creación del registro de objetores, según admitió Irene montero, entraña ciertamente «un riesgo considerable en materia de protección de datos».
