El Gobierno rechaza la ley de la ELA por costosa mientras a Cataluña «le perdonan 15.000 millones»

Las leyes de ingeniería social que Sánchez prometió siguen bloqueadas, y no tienen intención de sacarlas adelante para salvar la vida de miles de pacientes. Esto ha salido a la luz después de que el Gobierno vetase, una vez más, la tramitación de su proposición de ley para atención a enfermos de ELA y otras personas en situación de gran dependencia, al considerar que generaría una disminución presupuestaria en las cuentas del Estado, «cifrada en 38 millones de euros».

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene potestad para bloquear la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, ya sea por aumento de gasto o por merma de ingresos. Sin embargo, ha sido capaz de perdonar «a Cataluña 15.000 millones», denuncia el grupo parlamentario de Vox.

En su escrito de disconformidad, el Ejecutivo señala que los cambios que propone Vox en relación con la consideración de discapacidad supondrían que hubiera «nuevos sujetos que tuvieran la condición de personas con discapacidad» (aquellos con prestaciones por dependencia que no tuvieran, previamente, el reconocimiento de una discapacidad de, al menos, el 33 %), por lo que pasarían a tener «derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad del IRPF».

Además, el Gobierno justifica su rechazo en que el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría «un coste estimado de 38 millones de euros», a lo que habría que añadir, señala, «el coste de incluir a los pensionistas» a los que se reconoce ese mismo derecho.

Vox ya ha reaccionado en redes sociales contrastando este veto con el acuerdo suscrito con ERC para, entre otras medidas, condonar a Cataluña 15.000 millones de deuda: «Perdonan a Cataluña 15.000 millones de euros para seguir en el poder, pero vetan una ley para enfermos de ELA porque »les cuesta dinero«. Es un gobierno inmoral», ha publicado la cuenta del grupo parlamentario.

Para la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, el PSIE y sus socios «cambian todo tipo de leyes para hacer lo que les da la gana, pero para tramitar una ley en favor de los enfermos de ELA y grandes dependientes no mueven un sólo dedo». «Cuánta miseria», remacha.

La diputada Rocío De Meer dice no tener duda de que esos 38 millones que menciona el gobierno en su escrito de veto se acabarán gastando «en algún estudio sobre la masculinidad tóxica o la gordofobia». «No hay dinero para quienes de verdad lo necesitan, añade. Es el Gobierno contra la gente».