Ley trans comunitaria Si no hay recursos, las personas trans podrían iniciar tratamientos, y ese «no debería ser el objetivo»
Nuria Asenjo, psicóloga clínica de la Unidad de Identidad de Género de Madrid, explica a El Debate cómo se trabaja con pacientes con disforia
El pasado mes de noviembre, la Comunidad de Madrid aseguró que iba a modificar todas sus leyes LGTBI para aportar «claridad y seguridad jurídica» a este colectivo después de que estas normas, presentadas por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, pasaran el primer trámite parlamentario.
A pesar de lo político, lo médico gana más terreno en estos asuntos, puesto que las personas afectadas por disforia sufren día a día y necesitan atención médica, algo que escasea en los centros de salud y hospitales españoles. Para acercarnos más a esta realidad, Nuria Asenjo, psicóloga clínica de la Unidad de Identidad de Género de Madrid, ha explicado a El Debate su trabajo y cómo actúan con estas personas.
–¿Qué tratan en la Unidad de Identidad de Género?
–Aquí, con arreglo a la ley de 2016, sobre todo atendemos a las familias, a los niños, adolescentes y adultos, entre los cuatro y los 66 años, en su proceso de afirmación de género.
Esto va desde que deciden que su identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer hasta ver qué es lo que demandan para ajustar o adecuar sus características sexuales secundarias; sus documentos como el DNI; y la aceptación en el entorno social inmediato, que tiene que ver con la familia, y en el entorno académico, educativo y laboral.
Les ayudamos durante todo el proceso de acompañamiento para que tengan el impacto menor posible en su salud mental, para tener un apoyo en todas las fases que siguen tanto si deciden hormonarse, pasar a las fases quirúrgicas o simplemente tener un espacio seguro en el cual se les ayude en ese ajuste que van a tener en su vida en general.
–¿Qué nos puede aclarar de la ley trans comunitaria?
–La ley comunitaria es diferente a la estatal, ya que no tiene nada que ver en cuanto a los protocolos sanitarios, puesto que estos se rigen por las normas comunitarias. En cambio, la estatal sí que regula todo lo que tiene que ver con el Registro Civil, cuestiones incluso penales, etc.
–El médico cada vez está más silenciado, ¿cómo trabajan en su Unidad?
–Nosotros con esta ley lo que hemos hecho es un protocolo sanitario que incluye un equipo multiprofesional. Con lo cual, independientemente de la ley actual, que se está modificando y se basa en la autodeterminación del género, la parte de decisión de los tratamientos sanitarios corresponde tanto a la persona que acude a nuestra unidad libremente como al equipo multiprofesional.
Esto está regulado en el protocolo publicado en gestión de hospitales. Según éste, no es solo el médico el que actúa, sino psicólogos clínicos, gestores de pacientes... Hay varias figuras también que tienen que ver con trabajo social. Luego está también, fuera de lo que es el ámbito sanitario, el programa LGTB de la Comunidad de Madrid, que está en ese trabajo, con lo cual, es un equipo multiprofesional.
En este sentido, al paciente se le intenta en cada momento proteger en la toma de decisiones, dándole toda la información correspondiente a los tratamientos médicos y no médicos que va a decidir. Es un trabajo consensuado.
–¿Qué demanda el paciente cuando acude a consulta?
–Hay pacientes que vienen con una idea bastante clara de que su identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer y necesita tratamiento hormonal y quirúrgico e incluso acompañamiento psicológico.
Sin embargo, hay otros que no lo tienen tan claro y vienen a explorar un poco qué es lo que puede estar pasando con su identidad, por qué les produce malestar o por qué les produce disforia o rechazo el desarrollo si son adolescentes. Son sesiones orientadas a aclarar qué es lo que la persona necesita.
Vivimos en un mundo en el que hay muchísima información por los medios. A veces, esta cantidad de modelos de identificación social podía parecer que los adolescentes no tienen muy claro ni quiénes son ni adónde van. Pero yo veo aquí a más de 800 menores de 18 años, y la verdad es que con un poco de paciencia y formación en este tema de identidad de género –y desde luego apoyo familiar–, se acaba sabiendo qué es lo que ese adolescente puede necesitar.
La parte médica en otros países están tendentes ya a no utilizar tanto la medicalización de los procesos de identidad de género y sí a poner profesionales de salud mental no patologizantes, pero sí con un apoyo para que las personas los puedan tener a su disposición. La parte de la patologización no es que ningún profesional quiera patologizar lo que no existe. Y desde luego, en este tema para nada es una enfermedad mental, pero sí es cierto que puede facilitar el que la persona se aclare y no desarrolle otro tipo de sintomatologías.
–¿Las políticas actuales hacen que cada vez más personas sufran disforia de género?
–Hay un fenómeno sociológico que no podemos dejar de atender, que es que ahora hay modelos de identificación social muy diversos. Lleva 10 años habiendo modelos de identificación que no son binarios. Entonces, el mirar para otro lado no nos va a ayudar.
Lo que debemos hacer es normalizar el que una persona pueda tener su proceso de género abierto. Sin embargo, sí tenemos que regular la utilización de tratamientos médicos y quirúrgicos, pero la parte de aceptación de que cualquier persona puede identificarse con un género que no corresponde a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La tendremos que ir normalizando a nivel social.
–Como médico, ¿qué es lo que más le preocupa de los tratamientos médicos?
–La falta de recursos, porque si hay una falta de recursos grande, a las personas no se les puede acompañar lo suficiente en estos procesos y, por ello, podrían estar abocados a iniciar tratamientos, cuando no debería ser ese el objetivo. La meta debería ser que decidan dentro de su malestar lo que mejor les viene. Esta falta de recursos va a cursarse en esa línea.
Otros países nos llevan como 15 años en procesos de identidad de género, y lo que han hecho es dotar de más agentes que tengan que ver con la salud mental para procurar que la persona esté con unas garantías suficientes en su proceso.