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Ignacio Fernández-CidCedida

Entrevista a Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED

«Más de 22.300 personas en situación de dependencia han fallecido esperando ser atendidas»

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia pide al Gobierno y a las comunidades compromiso para ayudar a las personas en esta situación

Todas las personas tenemos derecho a estar acompañadas hasta el final de nuestros días y a tener personas o servicios que nos ayuden a ello. Lamentablemente, en España no es factible. Por ello, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), pide una mayor financiación, pensar en los mayores y sobre todo, reducir las listas de espera.

–¿En qué situación se encuentra realmente España?

–Lo podíamos enfocar desde distintos puntos de vista. El anterior Gobierno hizo un plan de choque que se aprobó conjuntamente con las comunidades autónomas y con los agentes sociales. De lo que se trataba era de intentar mejorar un poco las estadísticas en cuanto a personas atendidas y personas en lista de espera y el tiempo medio de espera.

Con el paso del tiempo, y según los últimos datos oficiales del IMSERSO, a fecha 30 de octubre hay 350.000 personas que están a la espera para recibir una prestación, un servicio o una valoración con un tiempo medio de 324 días. Es decir, casi un año.

–La ley de dependencia ha cumplido 17 años y aún no se han regulado las listas de espera, ¿cómo están viviendo esto las personas afectadas y los familiares?

–Una persona que vaya a iniciar el procedimiento de valoración por la dependencia sobrevenida de un familiar cercano si tiene por delante una media de 324 días, pues es un poco ‘tierra trágame’, ya que necesitan que el Estado o la comunidad autónoma les dé una respuesta.

En estos meses, antes de terminar 2023, 22.311 personas han fallecido esperando ser atendidas. Esto son 73 personas cada día. Hay que plantear un nuevo plan de choque porque el que hay no funciona.

Venimos de un escenario en el que las comunidades autónomas aportaban un 82 % del presupuesto que tenían que contemplar las administraciones públicas y el Estado solo el 18 %. En estos dos últimos años, el Estado ha pasado al 26 %. Hay que reconocer que han hecho un esfuerzo importante, pero evidentemente sigue siendo muy insuficiente. Si queremos un buen sistema de dependencia y que además tenga una cobertura de verdad muy universal, pues esto pasa por inyectar recursos.

–En la pandemia fueron los grandes olvidados, residencias, casas con personas mayores sin atención… ¿Realmente esto con competencia de las comunidades o del Ejecutivo?

–Esta es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas, pero el Gobierno con la época de Jesús Caldera sacó esta Ley de Dependencia. Estaba muy bien la norma, pero claro, volvemos a lo mismo, si esto no se vota económica y financieramente, pues es un brindis al sol. En este punto, entramos nosotros, ya que estamos pidiendo que se inyecte dinero.

Somos un sector que creamos muchísimos puestos de trabajo, porque trabajan personas que cuidan de personas, aquí no hay máquinas. Aquí tienes que pagar el servicio. Es una forma de generar riqueza y de paliar un problema que es el desempleo, pero entonces enlazamos con otro problema que tiene el sector: la falta de personal. Entonces, u organizamos esto de otra forma o nadie va a cuidar de nuestros dependientes.

Llevamos años diciendo que no hay profesionales suficientesIgnacio Fernández-Cid

–No hay profesionales, no hay medios, ¿por qué aún no se ha regulado esto?

–Regular está regulado y además esto nos viene con una normativa europea. Obligan a sacar unos certificados de profesionalidad para llegar a una Europa y que además permita la libre circulación de profesionales. Es decir, que uno con el título de España pueda ejercer en Alemania.

Nos encontramos que es un sector duro, física y psicológicamente, por lo que la gente prefiere otros. Esto es un porblema, porque si no hay españoles que quiera hacer este trabajo, habrá que organizar contingentes de personas que vengan del extranjero y que tengan ya su contrato. El sector de los cuidados es una responsabilidad de todos, de las administraciones públicas, de los operadores, pero también de las familias.

Llevamos años diciendo que no hay profesionales suficientes. Ahora, si nos vamos un poco al detalle en cuanto a perfiles profesionales, se ve que los enfermeros o las enfermeras no existen en nuestro sector. Entonces, tendremos que hacer algo. Habrá que crear más plazas universitarias, tendremos que agilizar los trámites de homologación de sus títulos, porque esta gente trae títulos de sus países, pero no es de recibo que estén dos o tres años tramitando una homologación. Es que es indigno. Además, están condenamos a trabajar en el mercado negro.

–¿Le habéis pedido ya algo al nuevo ministro, Pablo Bustinduy?

–Se lo vamos a pedir. Vamos a pedirle una cita para plantear todas estas cosas. Queremos que aterrice y a continuación empezaremos a visitarles.

El anterior Gobierno, en julio del 2022, aprobó un nuevo sistema de acreditación. La mayor parte de las comunidades autónomas, para hacerlo más fácil, accedieron a él porque se llegaba con mucho presupuesto por parte del Estado. Pero la cuestión es que el mapa autonómico en mayo cambió y donde había mucho rojo, ahora hay mucho azul y las comunidades autónomas tienen que transponer ese sistema de acreditación nuevo a sus normativas y no lo están haciendo. Esto está generando una incertidumbre tremenda entre el sector privado porque ¿quién en su sano juicio se va a poner a hacer inversiones en nuevos centros?

–Para vosotros, ¿cuál sería la mejor noticia y escenario?

–Que inyecten más financiación en el sector porque las cosas se resuelven con presupuesto. Ese sería el regalo que pediríamos a los Reyes Magos.

Queremos que el Estado cumpla con su promesa, que ponga ese 50 % igual que las comunidades autónomas. Si esto pasa, las listas de espera podrían bajarse a la velocidad del rayo. Pero para eso hay que creérselo y apostar de verdad por un sistema universal.

–Ignacio, ¿quiere añadir algo más?

–Hay que desarrollar el derecho elegir. Está muy bien que la administración pública te valore y te dé un grado y un nivel de dependencia, pero después tú tienes que tener la capacidad de elegir lo que quieres con tu vida. No puede ser siempre una administración que nos lleva y nos trae como entiende que es la mejor.

Esto que ha llegado a ámbitos como la Sanidad o la Educación, ¿por qué no se desarrolla más en la Dependencia? Ya somos mayorcitos y debemos tener esa facultad en nuestra vida y sobre todo al final de nuestra vida. Viva la libertad individual.