Un tribunal federal de EE.UU. dictamina que no se puede obligar a los médicos de urgencias a realizar abortos

La vida es una victoria para todos los seres humanos de este planeta, pero todos los ciudadanos parecen no estar de acuerdo. Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, es un ejemplo de ello, ya que trató el pasado 2022 de noviembre de convencer a los tribunales para convertir las urgencias hospitalarias de Texas en abortorios. Sin embargo, no le ha salido como esperaba.

Tras las tajantes palabras del conservador, Greg Abbott, gobernador republicano del estado afectado, dictaminó una orden para impedir que los letrados diesen luz verde a la discutida idea del político estadounidense, conocida como Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo, que «obliga a todos los médicos de urgencias» –sin tener en cuenta su ética y deontología– a matar a los aún no nacidos.

Un año después, en noviembre de 2023, los abogados del «católico» Biden volvieron a los tribunales con la finalidad de violar la norma federal y obligar los doctores de Texas a llevar a cabo estas controvertidas prácticas «en todas las circunstancias». Este abuso de poder no le ha gustado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que ha dictaminado que la administración de Biden «no puede» seguir adelante con su idea ilegal.

Según el medio de comunicación Catholinc News, los abogados de Alliance Defending Freedom (ADF) que representa a la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos provida y las Asociaciones Médicas y Dentales Cristianas, junto con el estado de Texas, han pedido al tribunal que «no rechace el fallo del tribunal inferior» que impide que la administración del presidente de EE.UU. lleve a cabo el Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo.

Se trata de una distopía traída al mundo real, ya que los hospitales, especialmente las salas de emergencia, tienen como objetivo salvar la vida a todo paciente que asista. Ante esta situación y con la intención de frenar el proceso, Ryan Bangert, vicepresidente senior de Iniciativas Estratégicas de ADF, ha argumentado ante el tribunal que el Quinto Circuito ha dictaminado «correctamente» lo que el gobierno federal debe hacer porque una clínica «no debe ser un centro para abortar».

Al hilo, ha denunciado que los médicos no deben verse nunca obligados a romper «el juramento hipocrático» y no tienen que elegir entre «violar sus creencias profundamente arraigadas o enfrentarse duras sanciones económicas y ser excluidos del programa Medicare», un programa federal de seguro médico para personas más de 65 años.

Además, ha apuntado que los facultativos de urgencias tienen el deber, entre otras cosas, de tratar y atender enfermedades mortales como los embarazos ectópicos, pero nunca de poner fin a la vida de un feto. «Nos complace que los tribunales permitan que las salas de emergencia cumplan su función principal: salvar vidas», ha concluido.