Feministas luchan para derogar la ley trans: «Los agresores pasan a ser mujeres maltratadoras de mujeres»

El pasado 18 de marzo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se dirigió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para informarle de qué agresores registrados en el sistema VioGén, el sistema de protección para víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja, habían demandado servicios de la Comunidad de Madrid, como la posibilidad de ingresar en una casa de acogida, tras su cambio de sexo registral a mujeres.

En su carta, la consejera Ana Dávila-Ponce de León ha afirmado que algunos de esos agresores han acudido a los Puntos Municipales del Observatorio de Violencia de Género solicitando ser atendidos. De hecho, se da el caso de que «alguna de las víctimas está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor».

Según informaciones de la Consejería recogidas por este medio, al menos tres presuntos casos de agresores, identificados en VioGén como maltratadores, han modificado su apunte registral de sexo. Además, han pretendido recibir la atención prevista para las mujeres víctimas de violencia en los Puntos Municipales.

Uno de los casos citados es el de una mujer que ha denunciado a su expareja por agresión sexual, utilizando métodos de sumisión química para violarla. Cuando la mujer denunció los hechos, descubrió que el agresor ya no es legalmente hombre, sino mujer, por lo que a ella no se le ha podido aplicar la especial protección que prevé la Ley de Violencia de Género de 2004 para las víctimas de maltrato.

La consejera de Familia señala en su carta que estas circunstancias ponen en peligro «tanto a las víctimas como a los profesionales que las atienden». A su vez, también está en riesgo «todo el sistema de protección». Por ello, pide a Redondo que se indique la forma de proceder en los casos descritos para que «no se ponga en peligro la integridad de las víctimas».

Las feministas piden que se retire la ley

En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ha querido recordar mediante un escrito que ellos «ya alertaron» de que esta norma creaba situaciones de inseguridad jurídica en diferentes ámbitos de la vida social.

Asimismo, han apuntado que en el paquete de propuestas de enmiendas que elaboraron antes de que entrase en vigor la norma trans de Irene Montero, alertaron que la ley entraba en conflicto con la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. El Consejo General del Poder Judicial también indicó en su informe que la norma «no establecía disposiciones suficientes» para garantizar que los maltratadores no pudieran aprovecharse de la ley.

Al hilo, la Alianza ha denunciado, una vez más, la situación que se está viviendo en España desde que se aprobó. Y es que consideran que se debería implicar la revocación del cambio de sexo registral, puesto que las penas de cárcel deben cumplirse «en el módulo penitenciario correspondiente al sexo biológico», a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las mujeres presas.

También han puesto de manifiesto cómo será tergiversada la realidad estadística. Esta situación preocupa al grupo feminista porque estos varones autoidentificados como mujeres pasarán a ser considerados «mujeres maltratadoras de mujeres» en el marco de «un delito de violencia doméstica». Sin embargo, estaríamos ante un caso de violencia machista.

Así, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que una mujer biológica agredida por su pareja varón biológico «no debería perder sus derechos como víctima de violencia machista», con independencia del sexo registral de ella o de su pareja.

La alerta hecha por la Comunidad de Madrid, ha puesto de manifiesto que, por el momento, varios varones maltratadores ya han pedido su ingreso en servicios y espacios destinados a mujeres víctimas de violencia.