Se cumple un año de la fraudulenta ley trans que «daña a las mujeres» y ha traído «consecuencias nefastas»

La controvertida ley trans impuesta por la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero, que permite que cualquier ciudadano mayor de 16 años pueda realizar un cambio de sexo en el Registro Civil o que pone en peligro la patria potestad de los padres, cumple este sábado, 2 de marzo, un año desde su entrada en vigor.

Con motivo de su aniversario, varios colectivos han denunciado su implementación, ya que ha traído «consecuencias nefastas» en un periodo muy corto de tiempo. Y es que, la ley promesa de Montero, que prometía despatologizar al colectivo al eliminar los requisitos fundamentales como un diagnóstico médico, ha resultado ser cuanto menos fraudulenta en muchos aspectos.

Tras muchos vaivenes políticos, algunos originados por una parte del socialismo liderada por Carmen Calvo, que se mostró en contra de varios puntos del texto como la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la norma el 16 de febrero de 2023.

La tramitación de esta ley estuvo acompañada de polémica desde el principio, pero aun así salió adelante. En este sentido, en el momento de las votaciones, el PP, Vox, Foro Asturias, Navarra Suma y Ciudadanos (salvo su portavoz de Igualdad, Sara Giménez, que se abstuvo), dieron su rotundo «no». Además, se abstuvieron los representantes del PDeCAT, Carmen Calvo, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria y José María Mazón.

Una norma sin evidencia científica

Antes de la aprobación de la regla, los expertos ya alertaban de la falta de evidencia científica de esta. El Ministerio de Igualdad, en vez de hablar con psicólogos y sanitarios e informarse de los problemas que esto traería a la sociedad, decidió guiarse por el impulso de Montero.

En este sentido, Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, denunció en una entrevista a El Debate antes de su aprobación en la Cámara Baja, que la ley carecía de «evidencia científica en la literatura», puesto que no es lícito realizar tratamientos de hormonación cruzada en niños y adolescente «a bote de deseo» sin que previamente se realice un diagnóstico.

Asimismo, argumentó, se trata de una norma que vulnera «los derechos humanos de los niños». Todo ser humano desde el momento que nace tiene derecho a hacer uso del principio de integralidad en el acceso a los servicios de salud. Finalidad que garantiza la salud física y mental a un abordaje integral. Ahora esto no se permite.

A su vez, Ángel Luis Montejo González, denunció que la regla elimina todo tipo de información médica de «las personas que piden un cambio de género». En este sentido, esta situación ha tildado a todos los psiquiatras como grandes enemigos de la transexualidad, y es que esta norma «no tiene nada que ver con ideologías, sino con ciencia».

Una ley para indagar en datos clínicos

Si de algo ha servido esta regla al Gobierno, ha sido para acceder a datos privados de los españoles. A principios de este año, el departamento de ahora Ana Redondo ha permitido al Ministerio de Sanidad la creación de un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, que propone, entre otras cosas, que en el historial del paciente se recojan e incluyan datos sobre «su orientación sexual, su identidad de género y expresión de género».

Amanda, una Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, fue la encargada de denunciar este documento, ya que invade «el ámbito privado» de todos los ciudadanos.

Más de 5.000 cambios de sexo en 2023

Casi un año después de la aprobación de la ley trans, una resolución del Portal de Transparencia facilitada a este medio con fecha de 19 de febrero de 2024, aseguró que el número cambios de sexo en 2023 concedidas por los Registros Civiles durante el ejercicio 2023 ascendió a 5.139. Cuatro veces más que en el año 2022.

Al hilo, según el documento ofrecido por el Ministerio de Justicia, los cambios registrales fueron en un 61,49 % de hombres que cambiaron de sexo a mujer y un 38,51 % fueron mujeres que decidieron ser identificadas como hombres. Cifras que cuadruplican los datos del 2022, cuando se contabilizaron 1.306 cambios, 205 más que en 2021.

Esta norma, lejos de unificar a los diferentes colectivos, ha hecho que el feminismo se fracture. Es el ejemplo de La Alianza Contra el Borrado de Mujeres, que señaló en declaraciones a Europa Press que seguirán «luchando» para que se tome «conciencia» de las «consecuencias nefastas» de la ley. Además, insistieron en derogar «las leyes que dañan a las mujeres».