El Gobierno permite a la UNED ofrecer cursos sobre vientres de alquiler, una práctica prohibida en España

Desde que Ana Obregón fue abuela mediante vientre de alquiler, España entra a sacar a la luz los problemas de esta controvertida práctica. Tras la noticia mediática, casi todos los políticos, incluyendo los ministros, fueron preguntados por esta acción ilegal en nuestro país. En este sentido, el PSOE se mostró y reconoció que no iba a abrir la puerta a su regulación. Un año después, ha permitido a la UNED, universidad pública, ofrecer cursos de verano sobre «vientres de alquiler como Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) y los distintos modelos de familia».

Como presentación del curso, la institución explica en la página principal que «la Surrogacy» es «una controvertida TRHA objeto de muy diversas regulaciones». Así, han querido recordar a los interesados que algunos Estados han previsto «un modelo jurídicamente seguro y llevan décadas practicándola». Sin embargo, otros, como es el caso de España, o no la han autorizado o, permitiéndola, han establecido «un modelo sin la necesaria seguridad jurídica, lo que se ha visto abocado al fracaso». Por último, detallan que esta diversidad puede ser debido fundamentalmente a «las distintas posiciones éticas o de otra naturaleza que sobre esta TRHA coexisten».

Estos cursos vulneran los derechos de los seres humanos. Tal y como explicó a este medio Pilar Estellés, directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia, la práctica de reproducción asistida es una de las cuestiones «más problemáticas». En concreto, la cuestión del vientre de alquiler, ya que el hecho erróneo es considerar «la paternidad y a la maternidad como un derecho positivo», denunció el químico de la Universidad San Pablo CEU, Javier Pérez Castells, quién aclaró que la gestación subrogada es «una lacra terrible de nuestro tiempo» que se beneficia de que «suele ser internacional».

Asimismo, el problema de la UNED es que, siendo un centro de enseñanza que educa a miles de estudiantes a distancia cada año, está tratando de ensalzar y normalizar uno de los problemas más notables y criticados en el siglo XXI. Y es que aseveran que, en este contexto legislativo y social, lo cierto es que hay «un problema a resolver», como es «el trato discriminatorio que sufren aquellos individuos con problemas de infertilidad y esterilidad estructural» que no cuentan en sus respectivos Estados con «una regulación de la surrogacy que pudiera eliminar dicha desigualdad».

Ello, prosiguen en el documento informativo sobre el curso, entra en colisión con «el fin de las leyes de reproducción asistida» y, por ello, con la posibilidad de que puedan «conformar su familia». De este modo, aseveran, desde la Universidad pública apuestan por «la diversidad familiar. Por ello, es preciso proponer soluciones».

Según la información presentada por la UNED, las personas que quieran formarse en esta polémica materia deberán pagar 75 euros por 20 horas lectivas que se impartirán en Ávila. Para quienes no puedan asistir, podrán seguir las charlas de forma telemática. Empezará el 8 de julio con la primera mesa, titulada La gestación por sustitución como TRHA y los diversos modelos de familia. A esta le seguirán otras como Las técnicas de reproducción humana asistida en la gestación por sustitución o La mujer gestante: los donantes y el papel de las agencias facilitadoras de la gestación por sustitución y de la donación.

Entre los objetivos de este curso están, según explican, transmitir conocimiento sobre los vientres de alquiler «de forma objetiva, razonada y jurídica». En este sentido, consideran que en nuestro país no se ha promovido suficientemente «ni el conocimiento ni el debate por expertos en la materia», lo que ha favorecido «la aparición de prejuicios y falsas posiciones en la sociedad». Por ello, en última instancia, pretenden desterrar «mitos y falsas informaciones» que hay en torno a estas polémicas prácticas.

A pesar de los graves problemas de este curso, ya que pretenden iniciar una materia que no es legítima en nuestro país, el Gobierno de Pedro Sánchez, que se mostró muy tajante con este tema, no se ha pronunciado al respecto. Permitiendo así que se siga adelante.