El 26,5 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, 4 décimas más que antes de que llegase Sánchez

Casi 13 millones de personas (12,7) se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, según el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza en España', presentado este martes 4 de junio por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Según el Informe, el riesgo de pobreza o exclusión social –tasa AROPE– ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida. Un aumento que también se produce si observamos las cifras desde que Pedro Sánchez es presidente. En 2018, año en el que accede al poder, este índice estaba en el 26,1, por lo que ha aumentado en cuatro décimas en estos años de gobierno «progresista».

En concreto, el estudio muestra los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética en el conjunto de la población, con especial atención a factores específicos asociados con la generación de pobreza en España, especialmente la vivienda, la precariedad laboral, la brecha de género o tener una discapacidad.

Respecto al riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo, el informe refleja que estos indicadores se han mantenido prácticamente estables. Aun así, EAPN señala que preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo. Además, los datos muestran que la feminización de la pobreza es un «problema estructural»: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Del estudio también se desprende que el 37,1 % de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y que casi la mitad de la población (48,7 %) presenta dificultades para llegar a fin de mes.

En todo caso, el informe revela que el impacto de la pobreza severa, la población que vive en hogares con ingresos menores a 611 euros al mes, mejora en 2023 y prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030. Sin embargo, apunta que afecta todavía a 3,9 millones de personas.

La EAPN ha destacado que la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta «muy duramente» el incremento del coste de la vida, lo que se traduce en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %, con unos 2,3 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza.

Más de la mitad de hogares monoparentales, en riesgo

En cuanto a la situación de los hogares monoparentales, el informe refleja que más de la mitad (52,7 %) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2 % de 2022; la gran mayoría de ellos (80,7 %), están encabezados por una mujer. En esta línea, muestra que el encarecimiento de la vida ha afectado especialmente a estas familias: el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4 %) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.

El informe también muestra el impacto social de los alquileres. En 2023, la tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler a precio de mercado (33,1 %) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8 %). Además, una de cada tres personas pobres reside en una vivienda arrendada.

También indica que los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en pobreza (afecta a un 25,2 %), y en el caso de los retrasos en el abono de suministros, aunque ha mejorado, todavía afecta a dos de cada cinco personas en pobreza (20,6 %). Por último, aumenta un año más la pobreza energética, que alcanza máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

2,5 millones de trabajadores eran pobres en 2023

Respecto al empleo, el estudio revela que en 2023 cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras eran pobres. Esto EAPN señala que se debe, principalmente, a la calidad del mercado laboral, que pese a las mejoras derivadas de la última reforma laboral y al incremento del salario mínimo, sigue caracterizado por la precariedad. La investigación muestra que tener empleos precarios –tanto en temporalidad como en parcialidad–, duplica el riesgo de pobreza. De hecho, cerca de una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado (32 % ).

Esta precariedad afecta en mayor medida a las mujeres y a la población joven. Respecto a la brecha de género, además de una mayor tasa de desempleo (13,8 % frente al 10,6 % en 2023), las mujeres triplican la tasa de empleo parcial de los hombres (21,1 % frente a 6,6 %) y tienen menos ingresos, tanto en salarios como en pensiones (los hombres cobran un 18,6 % y un 48,6 % más, respectivamente).

Asimismo, el estudio muestra que la tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7 % frente a 15,7 %), mientras que una de cada cuatro tiene un empleo a jornada parcial. Respecto al paro juvenil, revela que excede a la cifra de la población total: un 21,4 % frente al 12,2 %. La EAPN recalca que esta situación afecta a más de 1,5 millones de jóvenes.

El presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, ha destacado en su intervención que las medidas de protección social están actuando como un «elemento de contención de la pobreza», pero ha señalado que no está siendo «suficiente» para conseguir que esta no aumente o vaya peor.

Estrategia «clara y decidida» contra la pobreza

«Necesitamos un compromiso del Gobierno, de los partidos políticos en la estrategia contra la lucha contra la pobreza y esperemos que el Gobierno y el presidente del Gobierno en persona se preocupen porque tengamos una estrategia clara y decidida contra la pobreza en nuestro país», ha subrayado Susías.

Igualmente, la responsable de Incidencia de la EAPN-ES, Ruth Caravantes, ha destacado que la Red propone a nivel estatal aumentar «la intensidad y la extensión» de las políticas implementadas los últimos años y el impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, «que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario».

También ha instado al Ejecutivo a mantener las rebajas del IVA en alimentos y bienes de primera necesidad, los descuentos reforzados del bono social, y la prohibición del corte de suministros.

En materia de vivienda, Caravantes ha pedido garantizar la titularidad pública de la vivienda social «de forma permanente, que no se conviertan en privadas para que siga acumulándose la vivienda pública». Asimismo, ha precisado que es «importante» la rehabilitación de las viviendas, tanto del parque público de viviendas como el que no lo es, y que vaya destinado a que estas viviendas sean «más eficaces» energéticamente.

También ha pedido reducir las tasas de desempleo juvenil, especialmente en zonas rurales, y «focalizar medidas de igualdad de género, romper con la diferencia salarial entre hombres y mujeres, buscar estrategias de acceso al empleo para todas aquellas mujeres que busquen un empleo, que sea un empleo estable, y acabar con la parcialidad no deseada».

Finalmente, ha señalado que hay que «aprovechar» la oportunidad de la Ley de Familias «para extender el apoyo a la crianza».