Piden a Sanidad que recurra el sobrecoste de 430 millones que supondrá no utilizar un anticoagulante genérico

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) pide al Ministerio de Sanidad que recurra el sobrecoste de más de 430 millones de euros que supondrá para el Sistema Nacional de Salud en los próximos tres años la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de prohibir la venta de un anticoagulante genérico que consumen más de 375.000 pacientes en España.

Así lo ha expresado la nueva presidenta de la AAJM, la doctora Soledad Cabezón, en un desayuno informativo para presentar la «hoja de ruta» de la nueva junta directiva de esta asociación sin ánimo de lucro que nació hace siete años con el objetivo de defender una sanidad pública universal y el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles para todo aquel que los necesite.

En este sentido, la doctora aseguró que el gasto farmacéutico actual es «una sangría muy perjudicial para nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)». Así, apuntó que de enero a mayo de este año «el gasto farmacéutico ascendió a 10.148 millones de euros, un 8,1 % más que en el 2023». Es decir, 761 millones más, lo cual es «una barbaridad».

Para la doctora Soledad Cabezón, el caso del apixaban es un ejemplo más de lo que supone «los precios abusivos y abuso de posición dominante de los monopolios y la patentes». Por lo que pidió al Ministerio de Sanidad que se presente como parte afectada y exija a la empresa propietaria de la patente, BMS, daños y perjuicios por el sobrecoste de 430 millones de euros que deberá soportar de 2024 a 2026.

Al hilo, la presidenta de la AAJM destacó el ejemplo de Reino Unido donde se ha anulado la patente de apixaban por «falta de actividad inventiva», una postura totalmente en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que brinda la exclusividad del fármaco a la empresa BMS, propietaria de la patente desde 2001 a 2021 y con un periodo de cinco años adicionales, hasta 2026, gracias al Certificado Complementario de Protección.

Unos costes de medicamentos reales

En el desayuno informativo, junto a la presidenta, participaron también el vicepresidente, Ángel María Martín Fernández-Gallardo, y los anteriores presidentes Fernando Lamata y Juan José Rodríguez Sendín. En el acto se presentó la «hoja de ruta» de la nueva junta directiva con la que la asociación «tratar de contribuir en la mejora de la asistencia a los servicios de salud» y defender «principios de justicia social» que supone acceder a los medicamentos necesarios.

Entre las acciones que llevara a cabo durante esta legislatura, están varias jornadas que tienen como objetivo concienciar a la sociedad y, en especial, al Gobierno de España para que los precios de los medicamentos reflejen los costes reales y no sean precios especulativos por el abuso de las patentes. Y seguirá colaborando con organizaciones como Salud por Derecho y No es sano y la organización internacional Alianza Europea para la I+D Responsable y Medicamentos Asequibles, en las que la AAJM está integrada.

Más de un millón y medio de personas en España no pueden pagar los medicamentos recetados por la Sanidad Pública

Durante el desayuno se abordó la situación del gasto farmacéutico, cuyo exceso por sobreprecios supera los 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones de la AAJM, resultado de «un modelo farmacéutico caduco y perjudicial, que pone por delante de los intereses de los pacientes y de la sociedad los intereses de la gran industria farmacéutica».

«Es inaceptable, dijo Fernando Lamata, que más de un millón y medio de personas en España dejen de tomar una medicina porque no se la pueden pagar», según la primera oleada del Barómetro Sanitario correspondiente a abril-mayo de 2024. «El SNS es universal y debe ofrecer las prestaciones necesarias, sin que la barrera económica impida el acceso a ningún paciente».

Fernando Lamata afirmó que los copagos son «una forma muy discutible de conseguir financiación para la sanidad pública». Actualmente, las personas activas con rentas menores de 18.000 euros anuales deben pagar el 40 %; las personas activas con rentas superiores a 18.000 y hasta 100.000 euros deben pagar el 50 % y también los pensionistas hacen frente a los copagos, con determinados límites. La AAJM defiende que la sanidad se debe financiar con impuestos justos y progresivos, y debe ser libre de pago en el momento del uso.

Otro de los temas abordados en el desayuno informativo ha sido el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias (ETS), publicado este mes de agosto por el Ministerio de Sanidad. Se trata de un proceso científico que ayuda a las autoridades sanitarias a tomar decisiones sobre la inclusión, financiación, precios, reembolsos o eliminación de estas tecnologías, con el fin de garantizar un sistema de salud equitativo y eficaz.

Ángel María Martín Fernandez-Gallardo expuso la necesidad de que las personas que participen en el Sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias deben llevar a cabo sus actividades de manera «independiente, imparcial y transparente» por lo que la AAJM propone que se elimine del texto que haya conflictos de interés compatibles con la evaluación y que se prohíba cualquier tipo de pago, en los cinco años anteriores, por parte del desarrollador a los participantes en estructuras de la ETS.

Otro de los aspectos que destacó es la petición de la AAJM de que se defina la composición de la Oficina para la evaluación de la eficiencia de los medicamentos, al igual que se hace para las demás estructuras que forman parte del Sistema para la Evaluación de la eficiencia. Asimismo, la AAJM defiende que no se deben de fijar tarifas sobre consultas de auditoria que «desvirtuarían la independencia del sistema de ETS» y que estas consultas de auditoria aparezcan en los informes anuales sin anonimizar, explicó Ángel María Martín Fernandez-Gallardo.