La mayoría de los funcionarios escoge sanidad privada y el 75 % de los que optan por la pública se cambiarán

El futuro del mutualismo administrativo, concretamente de Muface, la mutua de funcionarios más numerosa de España, está en el candelero. En medio de una negociación del convenio, las partes interesadas –aseguradoras y funcionarios– luchan por mejorar sus condiciones mediante un aumento de las primas.

Sobre la mesa –aunque aún sin oferta oficial de la Administración– está ahora un posible aumento del 25 % de las primas –un 24 % en 2025 y un 1 % en 2026–, algo que tanto a las aseguradoras como a la patronal de la sanidad privada les parece insuficiente.

Pero, ¿qué opinan los usuarios que pertenecen tanto a Muface como a Isfas y Mugeju de los servicios que disfrutan gracias a estas mutuas? Según una encuesta elaborada por la agencia de investigación independiente 40dB, el grado de satisfacción de los funcionarios de la Administración General del Estado con su seguro médico privado es muy alto, con una valoración media de 7,6 sobre 10.

La mayoría de los funcionarios, un 80 %, opta por la sanidad privada frente a la pública, lo que demuestra claramente una preferencia por parte de los empleados públicos. Entre las tres entidades que prestan el servicio, todas obtienen una buena puntuación, SegurCaixa Adeslas y DKV consiguen ambas una puntuación de 7,6, seguidas de cerca por Asisa, con una valoración de 7,5 sobre 10.

De quienes se decantan por el servicio sanitario público, en torno a un 20 % de los funcionarios, el 75 % creen que podrían cambiarse a la modalidad privada en un futuro, lo que demuestra que es necesario fortalecer el modelo para poder acoger a más personas. En cuanto a los que ya gozan de sanidad privada, la mayoría no quiere cambiar de compañía ni se plantea contratar un seguro adicional.

Más agilidad y libertad para elegir especialista

Al consultar a los funcionarios de la Administración General del Estado sobre las razones para elegir un seguro médico privado, más del 82 % destacó la rapidez en la obtención y gestión de citas para consultas o análisis clínicos, así como la libertad para elegir especialistas. También resaltaron la agilidad en urgencias y la atención personalizada.

Los aspectos más valorados incluyen la libertad de elección de especialistas (7,9/10), facilidad en la gestión de citas (7,8/10) y rapidez en urgencias (7,7/10). Los mutualistas con hijos muestran mayor satisfacción general. El 95 % de los funcionarios con seguro privado están satisfechos con la hospitalización, y aproximadamente un tercio ha utilizado tratamientos innovadores, siendo las mujeres quienes más recurren a estas nuevas terapias (30,6 %).

«Colapso» del sistema sin Muface

Los defensores del modelo, entre los que se encuentran sindicatos como el CSIF, aseguradoras privadas o asociaciones como la Organización Médica Colegial, esgrimen como principal argumento que este sistema alivia la saturación de la sanidad pública. El hecho de que casi dos millones de personas acudan a la sanidad privada gracias a Muface aligera las listas de espera –tanto de consultas como de cirugías– y evita que se saturen los servicios de urgencia y de atención primaria.

La hipotética caída del sistema, que obligaría a que los funcionarios pasasen al Sistema Nacional de Salud, podría causar el colapso del mismo, ya que este no estaría preparado para asumir de golpe tal cantidad de personas, según afirman las partes.

Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.

De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.

Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.