El nuevo concierto de Muface tensa a las partes y amenaza con hacer caer el sistema y saturar la sanidad pública

El nuevo convenio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para el bienio 2025-2026 continúa en estado de negociación. Este organismo público gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios al servicio del Estado, es decir, sanidad, jubilación, ayudas por hijos, etc.

El acuerdo garantiza que dos millones de funcionarios y beneficiarios puedan acudir a la sanidad privada, aligerando de esta forma la saturación en la pública. La negociación, sin embargo, no está siendo fácil debido a las tiranteces entre las partes.

Sobre la mesa –aunque aún sin oferta oficial de la Administración– está ahora un posible aumento del 25 % de las primas –un 24 % en 2025 y un 1 % en 2026–, algo que tanto a las aseguradoras como a la patronal de la sanidad privada les parece insuficiente. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), del que forman parte las grandes aseguradoras del país, como Asisa, Adeslas, Mapfre o DKV, cree que este aumento «no permite lograr unas condiciones financieras y sanitarias justas».

Las aseguradoras creen que este aumento supone un «riesgo» para el mantenimiento del modelo e instan a reconsiderar las condiciones atendiendo a las «pérdidas» que las entidades que prestan el servicio vienen acumulando durante años.

Las cifras que aporta esta fundación lo cierto es que son demoledoras: mientras que la inversión per cápita pública por persona ha crecido un 53 % en los últimos 10 años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho en un 32 %, lo que produce, en el caso concreto de Muface, «pérdidas de más de 142 millones de euros anuales en 2023 debido, entre otras cosas, a la alta siniestralidad del colectivo, cercana al 110 %».

«Éxodo» de funcionarios a la pública

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) advierte también de las consecuencias si el nuevo acuerdo no implica un incremento de la prima significativo. Este, según explican, tiene que garantizar «la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio» a la vez que «remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio».

Esto puede hacer que se incremente la tendencia de centros privados que dejen de concertar «al no cubrirse los costes con la remuneración y que haya, por tanto, menos accesibilidad y un cuadro médico restrictivo que desincentive a los funcionarios a elegir la sanidad privada». Esa situación, añaden, supondría un éxodo a la sanidad pública de un número relevante de mutualistas y familiares y, por consiguiente, «un potencial incremento de las listas de espera».

ASPE considera que la propuesta de incrementar un 25 % la prima de Muface es «un primer paso en el buen camino», pero advierte que esta cantidad no es suficiente para asegurar la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo. Asimismo, recuerda las conclusiones del informe ’El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, elaborado este año por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, que concluye que el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año.

Su desaparición, según el trabajo, supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266 % para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica.

«Recortes en la calidad del servicio»

Según explican a El Debate desde el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, la financiación ha de ser la adecuada para poder llevar a cabo una prestación sanitaria de calidad al funcionariado. «Lo que ha estado sucediendo durante estos últimos años es que no ha sido la adecuada y eso ha desencadenado un recorte en la calidad del servicio, se han reducido los cuadros médicos, se han obstaculizado la realización de pruebas médicas y demás incidencias manifestadas por los mutualistas, y de las que ya hemos hablado en otras ocasiones», inciden.

En cuanto a la prima propuesta, CSIF dice no poder cifrar «el porcentaje necesario para que el servicio sea el adecuado» pero esperan que el acuerdo al que se llegue «sirva para revertir la situación a la que se ha visto expuesta la cobertura médica del funcionariado».