Se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, que sigue sin reglamentos

Este domingo se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de bienestar animal. Una norma que nació con polémica y que incluso enfrentó a los dos partidos que, en el momento de su tramitación, ocupaban el Gobierno: PSOE y Podemos. Estos últimos querían, entre otras cosas, que los perros de caza se incluyeran en el texto, algo que evitaron los socialistas y que a punto estuvo de dinamitar la ley al completo por la pataleta de los morados.

Finalmente, la norma se aprobó en marzo y su entrada en vigor no fue hasta seis meses después, en septiembre. No obstante, comenzó a medio gas debido a la falta de reglamentos que regulasen algunos de sus puntos. La obligatoriedad de realizar un curso para los dueños o de tener un seguro de responsabilidad civil son dos de los que están en el aire desde hace un año.

Entre la publicación y la entrada en vigor, para más inri, hubo unas elecciones y un cambio en la titularidad del ministerio competente, el de Derechos Sociales, que pasó de las manos de Ione Belarra a las de Pablo Bustinduy. Asimismo, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, impulsor de la norma, fue apartado y sustituido por José Ramón Becerra.

Con todo esto, los reglamentos siguen sin estar publicados. Lo cierto es que García Torres tenía preparados los borradores, pero el adelanto electoral paralizó el proceso y el sucesor de este último decidió desecharlos y empezar de cero para intentar contar con el beneplácito de todas las partes.

Las últimas noticias al respecto las tenemos del pasado mes de julio, cuando el ministerio remitió a las comunidades autónomas un borrador del real decreto que desarrollaba los 25 artículos de la ley. Los gobiernos regionales tenían hasta el pasado 15 de septiembre para presentar cambios al texto, por lo que se espera que para mediados de octubre se inicie la «exposición pública», según ha comentado Becerra a AnimalCare.

Curso y seguro para perros

Uno de los aspectos que más preocupaban a los propietarios era la obligatoriedad de realizar un curso de tenencia. En la nueva propuesta, se establece un plazo de seis meses desde la publicación del real decreto, tras el cual será obligatorio realizar dicho curso para los nuevos dueños de perros. Sin embargo, no se exigirá a los actuales propietarios, quienes estarán exentos, al igual que los veterinarios y los profesionales del comportamiento animal.

Además, se requerirá que el dueño del animal contrate y mantenga activo un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 100.000 euros. Este seguro deberá estar vigente durante toda la vida del perro, independientemente de su raza. El decreto concede un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que los propietarios puedan contratar este seguro. Cabe destacar que los seguros de hogar que cubran este tipo de eventualidades serán considerados válidos.

El texto también busca combatir el abandono animal, estipulando que las administraciones públicas tendrán la obligación de hacerse cargo temporalmente de cualquier animal de compañía que se encuentre confinado en un recinto abierto o en una finca y que esté en situación de riesgo debido a la falta de atención a sus necesidades básicas por parte de su dueño o responsable.

Asimismo, se propone la creación de registros centralizados para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, los cuales serán gestionados por las comunidades autónomas con el objetivo de combatir el intrusismo profesional en estos ámbitos.

Perros potencialmente peligrosos

Otro de los temas controvertidos es el de los perros potencialmente peligrosos (PPP). El Ministerio propone que las razas incluidas en esta categoría puedan salir de ella si el animal pasa una prueba de aptitud, la cual deberá realizarse cuando el perro cumpla 12 meses de edad. Según la propuesta, los perros que no superen esta prueba seguirán siendo considerados potencialmente peligrosos, y se les prohibirá reproducirse, salvo en situaciones excepcionales.

Es importante recordar que la ley que regula a los PPP tiene más de 25 años y se basa en criterios como la raza, el carácter agresivo, el tamaño y la potencia de la mandíbula, con capacidad para causar lesiones graves o incluso la muerte. Entre las razas incluidas en este listado se encuentran el Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, además de otras añadidas por algunas comunidades autónomas.