La sanidad privada denuncia que el fin de Muface «está firmado en los despachos del Gobierno de coalición»

El concierto entre el Estado y las aseguradoras privadas no goza de su mejor momento. Muface, la mutua que engloba a casi dos millones de funcionarios, se encuentra en el aire tras 60 años de funcionamiento. Las aseguradoras privadas que participan en él, Adeslas, Asisa y DKV, se han levantado de la mesa y no participar en la nueva licitación del servicio debido a que las condiciones económicas ofrecidas por el Gobierno son «totalmente insuficientes».

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) lleva tiempo advirtiendo que el fin del modelo Muface y la incorporación de 1,5 millones de funcionarios al sistema público de salud ya estaría decidido por el Gobierno de coalición.

En el contexto de las negociaciones entre el Ejecutivo y las aseguradoras para renovar el modelo Muface, la propuesta de remuneración ofrecida es considerablemente inferior a lo que las aseguradoras consideran aceptable, al igual que para los proveedores de servicios sanitarios que atienden a los mutualistas. Esta oferta insuficiente comprometería la calidad del servicio, debido a un cuadro médico limitado, lo que perjudicaría la atención médica, especialmente ante el envejecimiento de los funcionarios y el aumento de la demanda asistencial.

Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, declaró recientemente que «los mutualistas no presentan una alta complejidad en cuidados crónicos», lo que sugiere que el sistema público podría asumir la atención de casi 1,2 millones de nuevos pacientes mutualistas, con la financiación adecuada, a partir del 1 de enero. Actualmente, el 78 % de los 1,5 millones de funcionarios que dependen de Muface reciben atención sanitaria a través de seguros y provisión privada.

Desde ASPE consideran que la oferta de remuneración busca, de manera deliberada, que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector privado. Las aseguradoras, en estas condiciones, se verían obligadas a rechazar el acuerdo, ya que no podrían garantizar una atención de calidad bajo los términos propuestos. Si el nuevo convenio para el período 2025-2026 no incluye un incremento significativo de la prima que asegure la accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios y que permita una remuneración adecuada a los proveedores, el modelo mutualista podría desaparecer a partir del 1 de enero de 2025.

Carlos Rus, presidente de ASPE, subrayó que el incremento de la prima por parte de Muface «debe garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional, asegurando un servicio de calidad y acceso a todas las especialidades». La insuficiencia de la financiación actual ha llevado a una «situación insostenible», afectando la accesibilidad de los mutualistas y aumentando los tiempos de espera. Esto se debe a que las aseguradoras han tenido que restringir sus cuadros médicos o algunos proveedores han optado por no continuar prestando servicios bajo las tarifas actuales. ASPE propone que el aumento de la prima debería solventar estos problemas.

El colapso del sistema público de salud es una preocupación latente. ASPE considera que el incremento del 14 % en la prima propuesto por el Gobierno es completamente insuficiente y destaca la necesidad de equiparar la prima de los mutualistas con el gasto sanitario real por ciudadano, que se estima en 1.608 euros, para asegurar la viabilidad del sistema.

Según el informe de la UCM, el modelo Muface actual ahorra al Estado más de 890 millones de euros anuales. Su desaparición implicaría un coste adicional para la sanidad pública de más de 1.000 millones de euros, al tener que absorber a todos los mutualistas. Además, esto provocaría un aumento del 266 % en las listas de espera para consultas externas y del 115 % para intervenciones quirúrgicas.