Las claves de la crisis de Muface: 1,5 millones de funcionarios pasarían al sistema público de salud

La licitación del servicio que presta Muface vence este año, por lo que el Gobierno tiene unos tres meses para sacarla a concurso y que esté operativa a partir del año que viene. Actualmente, la mutualidad da cobertura a 1,5 millones de personas, entre los funcionarios y sus familias beneficiadas.

La continuidad de la prestación sanitaria concertada para los funcionarios a través de Muface está en estos momentos en el aire. Las aseguradoras –Adeslas, Asisa y DKV– se han plantado ante el Gobierno y han decidido no acudir a la nueva licitación de este servicio debido a que las condiciones económicas que plantea el Gobierno son «totalmente insuficientes».

Para situarnos, el mutualismo administrativo está representado en España principalmente por Muface (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado), pero también por Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial) y se ideó en los años 60 y 70 para unificar el panorama mutualista de los funcionarios, ya que existían unas 65 mutualidades diferentes. Una fórmula que, entre otras cosas, garantiza a adscritos y beneficiarios la asistencia médica a través de tres aseguradoras: Asisa, Adeslas y DKV.

En 2008, coincidiendo con la crisis económica, comenzó a hablarse de la quiebra de Muface debido al progresivo envejecimiento de los funcionarios, pero el sistema se ha mantenido hasta nuestros días. A todo esto hay que añadir que este año se está renegociando el concierto de asistencia sanitaria de Muface, momento en el que las aseguradoras se han plantado ante lo que consideran que es una situación insostenible debido a la falta de recursos.

Estas pedían un incremento del 40 % en las primas, muy lejos de la propuesta del ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que se ha situado en un 14 % para los próximos dos años. Las condiciones económicas del actual concierto de Muface les supone a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año, según explican.

¿Qué pasaría si no hay acuerdo?

La licitación del servicio que presta Muface vence este año, por lo que el Gobierno tiene unos tres meses para sacar a concurso la licitación y que esta esté operativa a partir del año que viene. Actualmente, la Mutualidad da cobertura a 1,5 millones de personas, entre los funcionarios y sus familias beneficiadas.

En caso de que no lo consiga, ese millón y medio de personas debería de pasar a formar parte del sistema público de salud, y es que los funcionarios que escogían sanidad privada no podían acudir a los centros de la Seguridad Social. Si esto ocurre, es probable que el sistema público se colapse, ya que en muchos lugares no se podría acoger a tal cantidad de nuevos pacientes y las listas de espera, tanto de atención primaria como quirúrgicas, aumentarían considerablemente.

Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.

De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.

Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

«Firmado en los despachos del Gobierno»

ASPE lleva tiempo advirtiendo que el fin del modelo Muface y la incorporación de 1,5 millones de funcionarios al sistema público de salud ya estaría decidido por el Gobierno de coalición. Lo cierto es que, en el programa de Sumar, uno de los socios del Ejecutivo, venía contemplada la disolución del mutualismo administrativo. Desde ASPE consideran que la oferta de remuneración busca, de manera deliberada, que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector privado.

Por su parte, el principal sindicato de funcionarios, CSIF, advierte que responderá «con toda contundencia, sin descartar movilizaciones», en el caso de que no se responda a las necesidades de nuestros mutualistas. «No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición», indican desde la organización sindical.