La Comisión de Salud Pública estudia el plan de Sanidad para frenar los virus en invierno
El ministerio de Mónica García plantea un endurecimiento gradual del uso de mascarillas en función de cuatro escenarios de riesgo
Este jueves, la Comisión de Salud Pública evaluará la propuesta de medidas del Ministerio de Sanidad para afrontar la próxima temporada de infecciones respiratorias, entre las que plantea un endurecimiento gradual del uso de mascarilla en función de cuatro escenarios de riesgo.
El borrador de medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias con el que Sanidad tratará de alcanzar el consenso de todas las comunidades en la Comisión de Salud Pública pretende «garantizar la coordinación entre los territorios» este otoño e invierno cuando se solape la circulación de coronavirus, gripe o virus sincitial Respiratorio (VRS), aunque subraya que su prevención y control debe ser «relevante» durante todo el año.
A pesar de las medidas que quiere imponer la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que espera que comunidad implemente «tantas medidas complementarias como considere adecuadas» en función de su situación, que agrupa en cuatro escenarios de riesgo: 0, 1, 2 y 3 o de riesgo «muy alto» o incluso «pandémico», en el que «se podrá valorar» la adopción de actuaciones «adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica».
Los directores generales autonómicos acuden a la reunión con el ánimo de escuchar y valorar el planteamiento del Ministerio, según han respondido las distintas consejerías a Efe.
Desde Sanidad, García ya avisó la semana pasada de que estaría «vigilante» a que cumplan «en tiempo y forma» las recomendaciones para evitar que se repita «el caos» que cada año se produce en el sistema sanitario y no tener que volver a «intervenir» como hizo este invierno al decretar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios.
Los cuatro escenarios que baraja el Ministerio se clasificarán en virtud de una serie de indicadores –tasa de incidencia, hospitalización, ocupación de camas o ingresos en UCI, entre otros– que se revisarán semanalmente para adoptar el que más interese en cada situación.
Cada uno lleva aparejadas una batería de actuaciones, pero Sanidad considera que algunas deben ser comunes a todos ellos, entre ellas, la de recomendar la mascarilla quirúrgica y el autoaislamiento si se tienen síntomas.
El cubrebocas queda restringido a mayores de seis años, salvo quienes tengan «algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria» que pueda verse agravada por la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela. Tampoco se aconsejará cuando «resulte incompatible con la naturaleza de las actividades que se estén realizando».
Durante toda la temporada deberán regir otras recomendaciones de prevención, como la vacunación, la higiene, «especialmente» de manos; priorizar espacios al aire libre, evitar aglomeraciones y ventilar correctamente los espacios.
También aboga por revisar y difundir los planes de contingencia de los centros asistenciales y sociosanitarios para hacer frente a un incremento de casos que «garanticen la continuidad asistencial».
A partir de ahí, el documento concreta medidas más específicas para cada escenario, que van del fomento del teletrabajo a la mascarilla recomendada cuando se tienen síntomas, para los trabajadores de centros residenciales o a todo el mundo en ámbitos vulnerables de centros sanitarios como salas de tratamientos quimioterápicos o unidades de trasplantados.
Cuando el nivel de riesgo sea alto (Escenario dos), se ampliará la recomendación a personas «cuyas ocupaciones los llevan a un contacto cara a cara extenso con el público» siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles o casos confirmados.
Asimismo, se recomendará «activamente» a personas de riesgo en supermercados, tiendas y transporte público, cines, teatros, salas de conciertos, gimnasios, salas de baile o eventos multitudinarios al aire libre y de forma «permanente» a todos los empleados de «ámbitos vulnerables», pero no a pacientes o residentes, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine».
En centros sanitarios pasará a estar «indicada» tanto a trabajadores como a pacientes y acompañantes en salas de espera o urgencias hospitalarias, aunque también se valorará su obligatoriedad.
Mientras que en el máximo escenario de riesgo, el tres, se añadirán otras medidas como reforzar la coordinación entre los diferentes territorios mediante la convocatoria extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial.
En caso necesario, «se podrá valorar la adopción de medidas adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica», concluye.