Marlaska abandona a las enfermeras de prisiones: «No podemos seguir con condiciones arcaicas y obsoletas»

La situación de las enfermeras que trabajan en las cárceles e instituciones penitenciarias en España es insostenible. Con la misma normativa que lleva más de 40 años sin actualizarse, estos profesionales han denunciado ante el Ministerio del Interior que no pueden seguir trabajando en «condiciones arcaicas y obsoletas». Y es que, entre otros puntos, estas especialistas son consideradas como «profesionales de segunda».

Ante esta grave situación, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado –una vez más– mediante un comunicado el abandono que desde hace años sufren las enfermeras. Además, ha acusado al Gobierno de ignorar este problema, a pesar de las promesas de solucionarlo.

En este sentido, la institución ha aseverado que hace seis meses Carmen Martínez, subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, y Eugenio Arribas, subdirector general de Recursos Humanos, se comprometieron a poner sobre la mesa la necesidad de abordar «este asunto de manera inmediata». Sin embargo, no hicieron nada.

La normativa de este grupo de sanitarios no ha evolucionado al mismo ritmo que la del resto de especialidades. Las competencias de las enfermeras penitenciarias se rigen por una normativa obsoleta del año 1981, «que nada tiene que ver con el trabajo que realizan en la actualidad», ha apuntado el organismo.

Eusebio Espuela, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP), ha anotado que, actualmente, el colectivo sigue a la espera de cualquier avance que contribuya al aumento de su motivación profesional. Así, ha recordado que siguen vigentes «las funciones definidas por el artículo 324 del Reglamento Penitenciario de 1981». Esto repercute, entre otras cosas, a sus condiciones económicas en cuanto al valor de la hora de guardia y a su complemento específico.

Para el CGE, organismo que representa a las más de 345.000 enfermeras, esta situación no hace más que resaltar un nuevo ninguneo de las administraciones, que se comprometen «a cambiar las cosas y ponen buena cara durante las reuniones», pero no terminan de materializarlo. Por ello, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, ha subrayado que las enfermeras de prisiones no pueden seguir trabajando «en unas condiciones arcaicas y obsoletas». Así, ha declarado que no pueden continuar manteniendo «una normativa de hace 40 años».

Al hilo, ha recordado en el comunicado que la especialidad de enfermería ha ido avanzando a pasos agigantados en todos los ámbitos y que para ellos es fundamental que se trabaje «para progresar como necesitan estos profesionales que trabajan en las prisiones del Estado», ha sentenciado el presidente del CGE.

Tras las reiteradas peticiones, el organismo enfermero tenía esperanza en que Fernando Grande-Marlaska y su equipo los escuchase, pero terminó siendo todo lo contrario. Por ello, Pérez Raya ha puntualizado que se resiste a aceptar que «nuestro futuro profesional sea precisamente la ausencia de futuro».

Asimismo, ha afirmado que el colectivo de enfermeras de Instituciones Penitenciarias seguirá luchando por el reconocimiento profesional que merecen, «un reconocimiento basado en la aprobación» de unas funciones que contemplen «la realidad de nuestro trabajo diario» con las personas privadas de libertad, además de «ampararnos legalmente», y un valor de hora de guardia, junto a un complemento específico, que nos dignifiquen profesionalmente.

No hay profesionales suficientes

Además de la necesidad de mejorar sus condiciones y reconocer sus competencias, desde el Consejo General alertan de la falta de profesionales en muchos de los centros, lo que pone en riesgo no solo la calidad de vida de los internos, sino también de los profesionales, que deben atender a un número muy elevado de pacientes, muchas veces sin los mecanismos adecuados.

Por ello, el presidente del CGE ha recalcado que el Ministerio del Interior debe ser consciente de esta situación y debe tomar «cartas en el asunto». En esta línea, ha afirmado que las enfermeras de prisiones merecen «un trato justo y acorde a sus capacidades» porque «no se puede consentir» que con la formación que tienen estos trabajadores, en las cárceles se «nos siga considerando profesionales de segunda. Es el momento del cambio», ha concluido Pérez Raya.