¿Qué ocurrirá a partir de enero con la sanidad de los funcionarios de Muface?

Las aseguradoras tienen hasta el próximo 5 de noviembre para presentar sus ofertas para el concierto de asistencia sanitaria de Muface para los años 2025-2026. Tras levantarse de la mesa de negociaciones por considerar insuficiente la subida de primas propuesta por el Gobierno, ahora toca esperar para saber si SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV van a seguir prestando sus servicios sanitarios a los funcionarios.

El sector lleva años quejándose de que la participación en Muface les sale a pérdidas. En concreto, DKV, Asisa y Adeslas acumulan unas pérdidas por este servicio de unos 600 millones de euros, según sus cálculos. Tras conocer el alza de la prima, las aseguradoras iniciaron conversaciones con los proveedores de servicios sanitarios –hospitales, clínicas y médicos autónomos– para decidir si finalmente acudían al nuevo concierto de Muface.

De igual manera, los funcionarios que pertenezcan a Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial) estarán más cerca de saber qué ocurrirá con ellos a partir del 8 de noviembre, día hasta el que las aseguradoras tienen de plazo para presentarse a los conciertos de estas otras mutualidades. El presupuesto base para el concierto de Isfas es de 1.201 millones de euros para el conjunto de los dos años que abarca el concierto. En el caso de Mugeju, asciende a 175 millones. Esto se traduce en un conjunto de 1.376 millones de euros, mientras que en el concierto anterior, que abarcaba tres años en lugar de dos, el presupuesto fue de 1.856 millones de euros.

Un futuro incierto

Pero, ¿Qué ocurrirá con la asistencia sanitaria de los funcionarios si las aseguradoras no quieren seguir participando? Si el concurso queda desierto, el ministerio de Función Pública deberá decidir cuál es el camino a seguir. Para empezar, las aseguradoras tendrán que seguir atendiendo a los mutualistas hasta febrero aunque no renueven el acuerdo, tal y como se detalla en los pliegos técnicos del actual concierto en vigor, que finaliza el 31 de diciembre.

En caso de que un paciente esté hospitalizado en ese momento y el ingreso se prolongue, las compañías aseguradoras cubrirán a los mutualistas hasta finales de marzo de 2025. A partir de esa fecha, sin embargo, los pacientes podrían quedar desatendidos, ya que el acuerdo solo contempla la situación en la que Muface logre que al menos una empresa se presente al actual concierto.

Si alguna aseguradora acepta participar, sería la responsable de atender a los pacientes, pero el documento no prevé qué ocurriría si no hay empresas interesadas en la licitación. Las aseguradoras no ofrecerán sus servicios de forma gratuita durante ese periodo, sino que tendrán derecho a recibir la prima mensual fija correspondiente a cada mutualista adherido a Muface en diciembre.

'Muface directo' o sanidad pública

Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel –la asociación española de médicos de ejercicio libre–explica a El Debate que si se van las tres compañías, Muface tiene la obligación de seguir prestando servicio a sus funcionarios y el método que propone es 'Muface directo', de forma que el Ministerio pagaría directamente a los hospitales o médicos privados que atiendan a los usuarios. «La estructura sanitaria está aquí, no se ha movido: los hospitales y los médicos que atendemos a estos pacientes seguimos aquí, el problema es que el intermediario pide un aumento para dejar de tener pérdidas», recuerda Guerrero. «El Estado debería de pagar directamente a estos agentes sin necesidad de que haya una aseguradora de por medio», propone.

Pero la opción más plausible en caso de que no prospere el acuerdo entre las aseguradoras y el Ministerio sería que los dos millones de usuarios de Muface, Mugeju e Isfas pasaran directamente al Sistema Nacional de Salud. En ese hipotético caso, lo harían en el mes de febrero de 2025.

Esto podría suponer el colapso del sistema sanitario, y es que según estimaciones, el impacto que tendría la desaparición de dicho convenio supondría un incremento del 266 % en las listas de espera de consultas y un 115 % para las intervenciones quirúrgicas. Además, la posible desaparición de estos pacientes de la red concertada-privada supondría, según datos de la Fundación Idis, la pérdida de 13.000 puestos de trabajo, y el cierre de 21 hospitales privados.