La desaparición de Muface costaría 1.000 millones al año y abocaría a la sanidad pública al colapso

Quedan menos de dos semanas —hasta el próximo 5 de noviembre— para que finalice el plazo para que las aseguradoras interesadas en dar servicio sanitario a los mutualistas de Muface presenten sus ofertas. Un reloj que corre y unos funcionarios que mantienen el aliento para saber qué ocurrirá con su sanidad a partir del enero de 2025.

Pase lo que pase, el primer mes del año podrán seguir disfrutando de su asistencia como hasta ahora, pero será a partir de1 1 de febrero cuando la cosa podría cambiar: si las aseguradoras dejan vacía la licitación, los más de 1,5 beneficiarios de Muface se verían obligados a pasar al sistema público de salud.

Pero, ¿qué ocurriría en caso de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) asuma la asistencia de los mutualistas? Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.

De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.

Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Incremento de la financiación

El trabajo, titulado El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros, contempla un segundo escenario, además de la demolición del sistema, y es una posible continuidad del mismo. Tal y como apuntan, para conseguirlo se precisaría de un incremento de la financiación «en aras de garantizar su sostenibilidad», así como la adopción de innovaciones tecnológicas tanto en atención médica como en gestión, el enfoque en la prevención y la colaboración efectiva de todos los agentes que intervienen en la cadena de valor.

La evolución en los últimos diez años (2014-2023) de la prima mensual ajustada a la edad del usuario de Muface ha experimentado un incremento del 31,4 por ciento, pasando de los 64,3 euros de 2014 hasta alcanzar los 84,5 euros de 2023 que, en todo caso, es bastante inferior al gasto sanitario público per cápita (134 euros/mes), el cual se ha incrementado en un 54 % en este mismo periodo, lo que supone un diferencial de 22,9 puntos.

A pesar de la mejora de la prima media, el informe señala que la siniestralidad de las aseguradoras en relación con los mutualistas ha sido superior al 100 % en los últimos dos años, como consecuencia principalmente del aumento de la edad media de los mutualistas, que hace que precisen de una mayor asistencia. En este sentido, las compañías aseguradoras firmantes del concierto con Muface, es decir, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, sitúan sus pérdidas en aproximadamente 170 millones de euros en 2022.

Así, destacan que esta financiación insuficiente está generando una situación «insostenible», afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera, debido a que o bien las aseguradoras limitan sus cuadros médicos, o bien porque algunos prestadores deciden no continuar ofreciendo el servicio por las bajas tarifas actuales.