Plantación 'indoor' de marihuana en fraude eléctrico
El consumo eléctrico de una plantación ilegal de marihuana equivale al de 100 viviendas
Geográficamente, estas plantaciones se concentran en Cataluña, como ruta hacia el norte de Europa, y en zonas de Andalucía con dificultades socioeconómicas arraigadas
El consumo eléctrico de un piso de 100 metros cuadrados destinado al cultivo de marihuana equivale al de 100 viviendas normales de igual tamaño. Esta intensa demanda energética no solo refleja una actividad ilegal, sino que además representa un alto riesgo de seguridad, ya que las instalaciones no están preparadas para soportar este uso extremo.
En la jornada 'Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación del fluido eléctrico', organizada por el Club Español de la Energía, grandes empresas energéticas discutieron el problema del fraude eléctrico en España, advirtiendo que «la situación empeorará» si no se fortalecen las leyes y regulaciones en torno a este delito.
«Espero que no tengamos que esperar a una gran tragedia, como un incendio importante, para tomar medidas», comentó José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa, quien enfatizó que el fraude eléctrico puede ser mortal.
Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, detalló tres tipos de fraude eléctrico. El más significativo y preocupante es el vinculado al cultivo de marihuana, actividad que ha crecido notablemente en los últimos años, causando daños tanto en la infraestructura eléctrica como en las comunidades. Aunque existe una percepción algo «romantizada» de estos cultivos, Redondo subrayó que están vinculados a un «crimen organizado cada vez más difícil de combatir».
El segundo tipo es el fraude industrial tradicional, que aunque implica un alto volumen de energía defraudada, presenta menor riesgo de sobrecarga e incendios. El tercer tipo lo constituyen familias vulnerables que se conectan ilegalmente para cubrir necesidades básicas, siendo este el más pequeño de los tres.
Un problema millonario y cada vez más violento
«El coste del fraude eléctrico lo pagan todos los consumidores», afirmó Álvaro Ryan, responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola). Según sus cálculos, cada 1 % de fraude implica un impacto de 440 millones de euros anuales. En total, estimaciones de Endesa indican que el fraude eléctrico representa un coste superior a los 2,000 millones de euros al año para los consumidores españoles, unos 69 euros por cada punto de suministro.
Además del impacto económico, el fraude eléctrico presenta riesgos de seguridad. «Es peligroso para las instalaciones y las personas», explicó Jesús Fernández, director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP. Las empresas energéticas han tenido que incrementar sus esfuerzos tanto en recursos humanos como financieros para abordar este problema.
Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy, explicó que un piso dedicado al cultivo de marihuana demanda una potencia instantánea hasta 25 veces superior a la de una vivienda normal de 100 m2, lo que convierte a estos espacios en «puntos calientes» de riesgo de incendio.
Además, estas operaciones están en manos de bandas criminales cada vez más violentas. José Manuel Revuelta recordó recientes tiroteos en barrios conflictivos como las 3.000 Viviendas de Sevilla y Font de la Pólvora en Gerona, conocido como el «barrio de la marihuana». Ante el peligro, los técnicos de las empresas deben trabajar bajo escolta y con protección facial, pese a lo cual las agresiones no cesan.
Geográficamente, estas plantaciones se concentran en Cataluña, como ruta hacia el norte de Europa, y en zonas de Andalucía con dificultades socioeconómicas arraigadas.
Necesidad de normativa actualizada y mayor concienciación
Los expertos insisten en que España debe actualizar su regulación en esta área. Álvaro Ryan, de I-DE, señaló que la normativa data del año 2000 y requiere modernización, mientras Irene Bartol, secretaria general de Aseme, subrayó la necesidad de campañas de concienciación social.
Finalmente, las empresas energéticas pidieron claridad en la discusión sobre el tema, instando a diferenciar la pobreza energética, que requiere políticas sociales para garantizar el suministro a las familias vulnerables, del fraude eléctrico, contra el cual se debería actuar de manera firme y decidida.