​Preocupación entre profesionales y funcionarios por el futuro de Muface: «Su fin será una hecatombe»

Este martes se ha confirmado un secreto a voces: las aseguradoras han dejado vacía la licitación de Muface. Esto quiere decir que los más de 1,5 millones de beneficiarios de esta mutualidad —funcionarios como policías, profesores, maestros y trabajadores de los ministerios, así como sus familias— dejarán de tener garantizada su sanidad concertada a partir del 31 de enero.

Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban servicio a los trabajadores públicos, han decidido no continuar debido a que el sistema «no es sostenible» y está «infrafinanciado».

Desde Muface, dependiente del Ministerio de Función Pública, se han apresurado a emitir un comunicado en el que se especifica que los mutualistas recibirán «las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad» y añaden que una vez que la licitación ha quedado desierta, «Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación».

Una de las aseguradoras que ha rechazado participar confirma a El Debate que su intención es continuar, pero que si las otras dos no lo hacen no pueden asumir el peso de 1,5 millones de personas. Asimismo, creen que aún hay tiempo para maniobrar y quedan a la espera de ver cuál será la nueva oferta del Gobierno en esa nueva contratación.

En el hipotético caso de que esta segunda oportunidad que ofrezca el Ejecutivo también quede desierta, las opciones se reducen. Sobre la mesa, un posible 'Muface directo' mediante el que la Administración pague directamente a médicos sin contar con las aseguradoras o directamente la absorción de los funcionarios en el sistema nacional de salud (SNS), alternativa que más resuena.

Miedo a un colapso de la sanidad pública

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, explica a El Debate que la sobrecarga consecuencia de absorber a los funcionarios en el sistema público sería enorme, en concreto para Madrid, donde hay tanto empleado público. Una opción, propone Martínez-Sellés, seria 'bypassear' a las compañías con ese 'Muface directo' enmarcado en un cuadro médico nacional y que la mutualidad pague directamente a hospitales y médicos privados saltándose a las aseguradoras. Desde el Colegio defienden que haya una sanidad de calidad «sea pública o privada» y les preocupa que un sistema que ya está sobretensionado se agrave aún más con la llegada de millones de personas.

«Muface y el Gobierno están en tiempo y terminarán llegando a un acuerdo con las aseguradoras», comenta José Luis Alcíbar, representante nacional de médicos de ejercicio privado de la OMC. El doctor cree que el hecho de que los pacientes puedan elegir una alternativa que libera recursos de la pública «tal y como esta el SNS es un acierto». Además, recuerda que existen muchas consultas médicas, sobre todo en ciudades medianas o pequeñas (Ávila, Huesca…), que se sostienen gracias a los pacientes de Muface. Destaca que en esta negociación que se está haciendo pública está tomando como rehenes a los usuarios, que viven con incertidumbre cuál será su futuro sanitario.

El sindicato sanitario Amyts cree que, de modificarse este modelo, se debería de hacer «de forma escalonada y estudiando muy bien las asimetrías territoriales, y es que no es lo mismo absorber a los funcionarios en Madrid, con 34 hospitales públicos, que en Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía, con gran dispersión territorial», subrayan.

Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), comenta a este medio que Muface es una «anomalía» y estas nuevas incorporaciones al SNS deberían hacerse de forma progresiva para que este modelo desaparezca por completo. Explica además, que no es cierto que existan pérdidas por parte de las aseguradoras, ya que «sistemáticamente derivan a los enfermos más graves y costosos a la sanidad pública».

Inquietud entre policías o profesores

Javier Latorre, funcionario del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, no ve con malos ojos que se extinga Muface, pero cree que antes haría falta reforzar el sistema público de salud, «porque a día de hoy no está preparado para acoger a todos los funcionarios».

Los policías nacionales también están incluidos en esta mutualidad. J.I.D.O, iniciales de un agente que ha hablado con este periódico, cree que esto sería una gran pérdida para los servidores públicos, ya que la asistencia privada «es más rápida, es eficiente y el trato no está deshumanizado». Además, indica que las esperas se reducen a unos días y «es versátil, si no te gusta un laboratorio, médico o clínica te vas a otro sin pedir ni explicar nada», concluye.

A. Alonso, maestra de Educación Primaria, cree que si no se busca un remedio a esta situación la Seguridad Social se colapsará: «Será una hecatombe. A los funcionarios nos hacen un agravio muy grande, porque tenemos relación con unos médicos y unas sociedades que vamos a dejar de disfrutar y tendremos que empezar de cero en la pública», relata.

Por su parte, Nuria García Calleja, profesora de Secundaria, no está de acuerdo con la posible disolución del concierto, porque «puede suponer un colapso para la sanidad pública y empeorar el servicio y la situación actual». Asimismo, piensa que es una opción que todo funcionario «puede valorar en función de sus necesidades».