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Manifestantes del CSIF durante la concentración frente al Ministerio de Hacienda para pedir el mantenimiento de MufaceEuropa Press

Los funcionarios pagarían hasta 740 euros más por su seguro de salud si Muface desaparece

De volver a quedar vacía la licitación el escenario más probable sería que los servidores públicos pasaran a la sanidad pública, pero muchos de ellos optarían por mantener su seguro privado

El futuro de la asistencia sanitaria a los funcionarios sigue teniendo en vilo a los más de 1,5 millones de beneficiarios de Muface. Tras dejar desierto el concierto las tres aseguradoras que hasta ahora ofrecían este servicio –Adeslas, Asisa y DKV–, ahora el Gobierno llevará a cabo una nueva licitación que será «más atractiva» para estas empresas, tal y como destacaron la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y la Dirección General de Muface a los sindicatos.

Con esto, el ministerio de Óscar López espera llegar a un acuerdo con las aseguradoras y evitar un escenario que cada vez cobra más fuerza, y es que los funcionarios pasen al sistema público de salud. Algo que tendría consecuencias directas en la asistencia y conllevaría un aumento considerable de las listas de espera al no poder asumir a tal número de personas de golpe.

Muchos servidores públicos, ante este escenario, echan cuentas para saber cuánto les costaría mantener su asistencia sanitaria privada si deja de estar incluida en Muface. Según un informe de Roams Insurtech, la correduría de seguros del grupo Roams, los funcionarios deberían desembolsar hasta 750 euros más al año para poder continuar con su cobertura como hasta ahora.

Tal y como se explica en este estudio, a los trabajadores públicos les cuesta este servicio de seguro de salud 478 euros de media, aunque depende del bruto anual del empleado. La cuota más alta es de 51,68 euros al mes para aquellos que tienen un sueldo anual de 42.813 euros.

En caso de pasar a pagar el seguro por su cuenta, sin embargo, el umbral de renta no influye en el cálculo de la póliza, pero sí otros factores como la edad, el tabaquismo o el padecer o haber padecido cualquier tipo de enfermedad. De acuerdo con Roams, el coste promedio de un seguro de salud privado para una persona de 54 años –edad media de los funcionarios en España– asciende a 816,97 euros, casi el doble de lo que actualmente se paga a través de retenciones. Si además se incluye a una pareja y a un hijo de aproximadamente 15 años, el presupuesto total se elevaría significativamente, alcanzando los 1.837,71 euros.

Los costes de la sanidad para los servidores públicos, por ende, podrían duplicarse o incluso triplicarse al pasar de unos 475 a más de 1.200 euros al año, es decir, unos 725 euros más. Las familias serían las más afectadas, ya que, si desaparece Muface, verían un incremento promedio de entre 977 y 1.359 euros anuales. Aunque las pólizas individuales también experimentarían un aumento en los precios, el impacto sería menor, con una diferencia media adicional de entre 95 y 338 euros al año.

Comienzan las protestas

Miles de funcionarios han salido este lunes a las calles del país para protestar por la «inactividad total y absoluta» del Gobierno en las negociaciones para la asistencia sanitaria de Muface. En Madrid, los manifestantes se han concentrado frente al Ministerio de Hacienda con banderas y pancartas pidiendo también una subida salarial, mejores condiciones laborales y más empleo público, al mismo tiempo que cantaban consignas como «son necesarios mejores salarios» o «en la Administración, equiparación».

«Hoy, miles de empleados públicos salimos a la calle en toda España para exigir que se negocie y se mejoren las condiciones laborales que tenemos y en defensa del modelo sanitario de Muface, que está en serio riesgo por la cicatería del Gobierno y corre también el riesgo de sucumbir por inanición», ha declarado a la prensa el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra. Ha asegurado, asimismo, que «se está jugando con la salud» de 1,5 millones de personas, razón por la que ha exigido al Gobierno «dar la talla» y comenzar las negociaciones para ayudar a los empleados públicos, que «están abandonados».