El impuesto a los seguros de salud encarecerá las primas y tendrá un efecto negativo sobre la sanidad pública

PSOE y Sumar llegaron este lunes a un acuerdo sobre el paquete fiscal que pretende impulsar el Gobierno, por el que se eliminará, entre otras medidas, la exención de tributar de la que ahora disfrutan los seguros de salud privados.

Con esto, se prevé que la prima que pagan los usuarios de estas aseguradoras se vean incrementadas al tener que pagar el 8 % del Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS) y que, por ende, muchos de ellos decidan renunciar a ellos, algo que podría traducirse en un incremento de personas en la ya saturada sanidad pública.

Los partidos que forman el Gobierno argumentan en su acuerdo que la exención a las primas de seguros privados sanitarios tiene «un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». Algo que la patronal de las compañías aseguradoras, Unespa, niegan y matizan que los seguros privados de salud son contratados por personas «de todos los niveles de renta» y apunta que en países como Francia, Alemania y los Países Bajos no se aplica este impuesto por la «función social» que tienen esas pólizas.

Esto ocurre, además, en medio de un revuelo por la renovación del concierto de Muface, por el que 1,5 millones de funcionarios pueden acudir a la sanidad privada. Las tres aseguradoras que ofrecían este servicio han dejado la licitación vacía, por lo que el Gobierno está trabajando en una nueva que las convenza y evite que ese gran volumen de personas sea absorbido por el Sistema Nacional de Salud.

Ahora, la situación se ve agravada por este 'impuestazo' a los seguros de salud que tienen 12,4 millones de españoles. Desde Unespa se oponen a esta medida y creen que, además de perjudicar a los usuarios, elevará la presión sobre la sanidad pública.

Al cierre de 2023, el seguro privado de salud contaba con 12,4 millones de asegurados en España, lo que equivale a uno de cada cuatro ciudadanos, que, afirman las aseguradoras, «no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida, generando un ahorro de costes para el Sistema Público de Salud», explican desde Unespa.

La AIReF alertó del efecto negativo

En 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluó el impacto fiscal de la sanidad privada en el gasto público basándose en datos del año anterior, centrándose en la exención del IVA en los servicios sanitarios. Sin embargo, el Gobierno ha decidido gravar los seguros de salud mediante el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS) en lugar de aplicar un IVA del 21 %, como consideró la AIReF en su análisis inicial. Aunque ambos impuestos aumentan el coste para los usuarios, el IPS se aplica a una tasa del 8 % y afecta otros hechos imponibles.

Según la AIReF, encarecer la sanidad privada podría reducir su demanda, lo que incrementaría la presión sobre el sistema público. En su estudio, la autoridad calculó que la elasticidad-precio de la demanda de seguros de salud en España está entre -0,43 y -0,5; un aumento del 21 % en el costo de los seguros implicaría un gasto adicional de 975 millones de euros para las comunidades autónomas, al tener que absorber el incremento de usuarios en la sanidad pública.

Con el IPS, la recaudación extra irá directamente al Estado central, ya que no se distribuye entre las comunidades, como ocurre con el IVA. No obstante, si el encarecimiento de los seguros reduce su demanda, la sanidad pública podría experimentar un aumento de usuarios, obligando a las comunidades a destinar mayores recursos.

Habrá que ver, no obstante, si esta medida sale adelante, porque aunque PSOE y Sumar hayan llegado a un acuerdo tienen que contar con el resto de grupos que sostienen al Gobierno. De momento, Junts ha anunciado su posición contraria y ha criticado al Ejecutivo por querer penalizar a los 2,7 millones de catalanes «que hacen el esfuerzo de pagarse un seguro médico».