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Una joven camina frente a un centro de atención continuada en AlcorcónEuropa Press

Madrid y Andalucía serán las comunidades más afectadas si cae Muface

El ministerio de Sanidad de Mónica García ha querido dinamitar esta semana la intención de la parte socialista del Gobierno de continuar con el modelo Muface. Mientras Función Pública trabaja ya en una licitación exprés que contente a las aseguradoras, Sanidad filtró un informe a los medios en el que se critica a Adeslas, Asisa y DKV y se asume que el Sistema Nacional de Salud podrá absorber a los 1,5 millones de funcionarios que hasta ahora cuentan con un seguro privado.

Esta intención no es nueva: el partido de García, Sumar, ya llevaba en su programa electoral la intención de desmantelar las mutualidades (tanto Muface como Mugeju e Isfas). Por ello, quiere aprovechar la dificultad existente para renovar el concierto para intentar cumplir con uno de los puntos con los que se presentó a las elecciones.

En el informe en cuestión se plantea acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a los servidores públicos al Sistema Nacional de Salud en nueve meses. Sanidad tiene diseñado un plan de transición que propone prorrogar nueve meses el actual concierto y en ese impasse ir incorporando progresivamente a los funcionarios en el sistema público.

No obstante, en el documento se destaca que algunas comunidades sufrirían más la desaparición de Muface que otras. Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León son las regiones que más pacientes de más de 65 años tendrían que asumir, lo cual podría hacer tambalear los sistemas públicos de salud de esos territorios.

La solución que plantea el departamento de Mónica García es que el dinero destinado actualmente a las mutuas, unos 2.600 millones de euros, sean transferidos a las comunidades autónomas para que estas lo inviertan en los servicios de salud, reforzándolos para poder asumir el grueso de los servidores públicos.

Ávila y Jaén, mayores porcentajes de mutualistas

Según los datos del informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', elaborado por Accenture y la Fundación Idis, el número total de mutualistas es de 2.413.793, de los cuales 1.680.000 han elegido seguro privado. Este colectivo supone una media del 18 % en relación con el total de asegurados a nivel nacional. Pero estas cifras varían en función de la provincia: por ejemplo, la cuota de mutualistas es mayor en Ávila (28 %), Jaén (27 %), Zamora (26 %) o Murcia (26 %), mientras que los territorios con menos mutualistas son Vizcaya (5 %), Barcelona (5 %) o Guipúzcoa (7 %).

Esto significa que, de desaparecer las mutuas de funcionarios (no solo Muface, que es la mayoritaria, sino también Isfas y Mugeju) algunas provincias podrían ver sus centros sanitarios públicos saturados al tener que asumir a más del 25 % de la población que actualmente acude a la privada.

El trabajo de la Fundación Idis identifica además que nueve provincias españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Granada y Cádiz) absorberían la mitad de las citas y otros territorios como Ceuta y Melilla tendrían un impacto muy superior al resto (3,75 %). Asimismo, vaticinan que la ratio de urgencias se podría ver incrementada por la falta de accesibilidad y demora a las especialidades médicas que existe con el modelo actual.

Ayuso : «Van a bloquear el sistema»

La presidenta de una de las regiones más afectadas, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este martes de «locura» los planes del Gobierno central con Muface y ha alertado de que con esto «van a bloquear el sistema». «Solo espero que el Gobierno abra los ojos y se dé cuenta de que no pueden colapsar aún más el sistema sanitario que ya está tan tocado en toda España. Faltan médicos, falta financiación para determinados tratamientos y para fármacos... Lo estamos viendo en el caso oncológico, por ejemplo», ha señalado. A su parecer, es «insensato que un sistema» como el sanitario español, «que ya está tan tensionado en todo el país, vaya a absorber a un millón y medio, dos millones de funcionarios de golpe».