Los sindicatos cargan contra Gobierno y aseguradoras por Muface: «Nuestra salud no es una mercancía»

El futuro del concierto sanitario de Muface está ahora mismo en el aire después de que la primera licitación quedase desierta. Las aseguradoras se han plantado ante el Gobierno alegando infrafinanciación y se encuentran ahora a la espera de la publicación de los nuevos pliegos, que tendrán que estudiar para ver si finalmente se prorroga la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios a partir del 31 de enero.

Ante esto, los sindicatos de profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones y el resto de los funcionarios civiles del Estado –a excepción de CSIF– se han unido para exigir una solución: «Nuestra salud no es una mercancía».

En un manifiesto que ha leído el representante de UPF, sindicato policial, exigen «celeridad y transparencia» al Gobierno para cerrar un nuevo convenio. Igualmente, denuncian a unas aseguradoras «insaciables» que quieren aumentar sus beneficios a costa del Estado y de la selección de riesgos, es decir, de derivar a la sanidad pública «los casos más graves y caros de atender, poniendo en riesgo la salud de las personas mutualistas y beneficiarias». «Reclamamos la necesidad de alcanzar un acuerdo estable, razonable y satisfactorio y utilizaremos las medidas de presión que consideremos oportunas».

Francisco García, secretario general de FECCOO, resalta el hecho de que los diferentes sindicatos se han unido, «a pesar de las diferencias», para asegurar la asistencia sanitaria de los funcionarios. «Todos coincidimos en una cosa: es imprescindible renovar el convenio de Muface, no hay ningún escenario alternativo viable». García anuncia que, tras la firma del nuevo convenio, exigirán un grupo de trabajo para articular un plan que garantice el derecho a la salud de los funcionarios a futuro y evitar así que la incertidumbre se repita cada dos o tres años. Asimismo, ha cargado contra las aseguradoras, deplorando su actitud y acusándolas de utilizar a los mutualistas como rehenes.

Maribel Loranca, representante de UGT, apostilla el hecho de que se está viviendo una «situación inédita», y es que las compañías no quisieran participar en el concierto. La solución, según Loranca, esta en manos tanto del Gobierno como de las empresas: «El ámbito de la salud no es un negocio cualquiera, está en juego la sostenibilidad del sistema sanitario».

Por ello, todos los sindicatos que firman el comunicado anuncian concentraciones en todas las capitales de provincia para el próximo 11 de diciembre «en defensa de una atención sanitaria de calidad», a la que también se unirán los funcionarios de justicia por la incertidumbre generada por Mugeju, cuya licitación se ha paralizado.

Los agentes sociales han recordado cuáles son los datos de la mutualidad. Un 72 % de los funcionarios escogen la sanidad concertada, de los que el 34 % opta por Adeslas, el 25 % por Asisa, el 13,2 % por DKV y el 28 % lo hace por la sanidad pública. También detalla que las nuevas generaciones están optando en su mayoría por el sistema público. Las aseguradoras reclaman una subida de primas del 40 %. Muface defiende que la situación está controlada. la migración ocasionara un gran impacto en la SS, exigimos que se mejore la inversión en la sanidad pública.

Sin escenario alternativo

Los agentes sociales han destacado que no les parece viable un escenario alternativo y han cargado contra Mónica García. «No compartimos que se pueda producir lo que la Ministra de Sanidad planteaba, que es la postura contraria a la del resto del Gobierno». Además, han querido recordar a la exlíder de Más Madrid que la competencia de Muface es del Ministerio de Función Pública, y no del Ministerio de Sanidad.

Con esto se referían al informe que filtró Sanidad a los medios en el que se aseguraba que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado para asumir al millón y medio de funcionarios de Muface. El ministerio planteaba que se transfiriese el dinero que se destina a la mutualidad a las comunidades autónomas para reforzar así los sistemas de salud autonómico, todo ello en medio de los esfuerzos que Función Pública está realizando para mantener el concierto.

Sobre la ausencia del sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, en este frente común, subrayan que tienen las puertas abiertas para que otras organizaciones sindicales se unan. Recuerdan que para resolver este problema hacen falta dos factores: unidad de acción y dos partes que tienen que estar abocadas a entenderse. «Otros a lo mejor solo apuntan hacia un lado», comentan.