Los motivos ideológicos por los que una parte del Gobierno quiere acabar con Muface

Millón y medio de funcionarios siguen con atención todas las novedades sobre la renovación del concierto sanitario de Muface, por el cual los servidores públicos pueden acudir a centros privados en vez de a la sanidad pública. La primera licitación quedó desierta después de que las actuales prestadoras del servicio, Adeslas, Asisa y DKV, no quisieran seguir participando en el modelo alegando pérdidas económicas.

El ministerio de Función Pública lanzó el pasado miércoles una consulta al sector asegurador para que detalle a qué precio concertaría con Muface. De esta forma, dan un plazo de 10 días hábiles a las aseguradoras, hasta el 4 de diciembre, para que le notifiquen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).

Este intento desesperado del ministerio que dirige Óscar López contrasta con el ánimo imperante en otra cartera del mismo Gobierno, y es que desde Sanidad presionan para que Muface caiga. El ministerio de Mónica García presentó la semana pasada un informe en el que se aseguraba que el Sistema Público de Salud está preparado para asumir a los titulares y beneficiarios de Muface sin que este corra peligro de colapsar.

En ese estudio, Sanidad plantea acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a los servidores públicos al Sistema Nacional de Salud en nueve meses. Para ello, tiene diseñado un plan de transición que propone prorrogar nueve meses el actual concierto y en ese impasse ir incorporando progresivamente a los funcionarios en el sistema público. De esta manera, el dinero destinado actualmente a las mutuas, unos 2.600 millones de euros, serían transferidos a las comunidades autónomas para que estas lo inviertan en los servicios de salud, reforzándolo para poder asumir el grueso de los servidores públicos.

La disolución de Muface, meta de Sumar

Por tanto, ¿existe un interés político en la disolución de Muface? Parece que el sector socialista del Ejecutivo tiene clara la continuidad del modelo viendo el empeño de Función Pública por que se renueve el acuerdo. Primero ofrecieron una subida de primas del 17,1 % que, aunque insuficiente para las aseguradoras, fue un incremento histórico en la historia de la mutualidad. Ahora, es evidente que se están haciendo esfuerzos por contentar a las empresas sanitarias para que continúen prestando el servicio para los próximos tres años.

Sin embargo, quienes ocupan el ministerio de Sanidad, es decir, aquellos que se presentaron bajo las listas de Sumar, hacen esfuerzos por convencer a unos y otros que la integración de los funcionarios de Muface en el sistema público de salud no supondrá ningún tipo de problema.

Con ello, intentan presionar y boicotear las negociaciones de Función Pública para que se materialice una de sus promesas electorales. Y es que en el programa de Sumar, en su punto 14 dentro del epígrafe «derecho a la salud» especificaba que la formación apuesta por la «inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface, Mugeju, Isfas)».

En el documento con el que se presentaron a los comicios del 23-J proponían integrar a dicha población «de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público».

Los argumentos de Sumar para demoler Muface es que se trata de un privilegio para los funcionarios y un sinsentido el hecho de que los servidores públicos acudan a una sanidad privada. Ernest Urtasun, portavoz del partido y ministro de Cultura, dijo además que las aseguradoras «seleccionan a los pacientes más rentables y derivan al resto a la sanidad pública», algo que fue inmediatamente desmentido por las aludidas.

Tanto Mónica García como su número dos, Javier Padilla, llevan meses repitiendo que el sistema público no sufriría al absorber a 1,5 millones de mutualistas. Sindicatos y Colegios de Médicos no están de acuerdo y creen que esto podría llevar a su colapso, así como a un aumento significativo de las listas de espera. En cualquier caso, habrá que esperar a la próxima licitación para ver qué ocurre finalmente con la sanidad de los funcionarios.